La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa para establecer si existieron presuntas irregularidades disciplinarias relacionadas con la protección del páramo de Santurbán y el cumplimiento de órdenes judiciales impartidas sobre ese ecosistema. La decisión fue tomada tras una queja presentada el 15 de julio de 2026 por el abogado Germán Calderón, coordinador del Equipo Dorado del Empalme Anticorrupción, quien pidió investigar a la entonces ministra encargada de Ambiente, a la exministra María Susana Muhamad y a otros funcionarios y exfuncionarios de esa cartera.
Las acusaciones de la denuncia
- Presunto incumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenaba la nueva delimitación del páramo de Santurbán dentro de un plazo establecido.
- Supuesto desconocimiento de órdenes del Consejo de Estado en una acción popular relacionada con la 'Ventanilla Minera' y la ejecución de medidas de conservación ambiental.
- Falta de ejecución oportuna del cronograma, estudios técnicos y coordinaciones interinstitucionales contemplados en la Resolución 0221 de 2025, que declaró una zona de reserva temporal en el costado occidental del macizo.
El denunciante citó investigaciones periodísticas de julio de 2026 que documentarían la expansión de la minería ilegal dentro del páramo, la pérdida de cobertura vegetal y la ausencia de autoridades ambientales en algunos sectores. También mencionó reportes sobre contaminación con mercurio, plomo, arsénico, cianuro y uranio, que pondrían en riesgo las fuentes hídricas que abastecen a más de 1,3 millones de habitantes del área metropolitana de Bucaramanga.
La apertura de la indagación previa no constituye una decisión de fondo ni implica un juicio de responsabilidad disciplinaria. Su finalidad es establecer si existen elementos suficientes para determinar la ocurrencia de los hechos denunciados, identificar a los eventuales responsables y definir si hay lugar a una investigación disciplinaria formal.
El impacto en la comunidad
Organizaciones de Soto Norte ya habían anunciado acciones legales contra resoluciones del Ministerio de Ambiente, denunciando que 'están entregando el páramo de Santurbán a los criminales'. La indagación de la Procuraduría se suma a estas presiones y busca esclarecer las responsabilidades en la protección de uno de los ecosistemas más estratégicos del país.