La justicia permite la salida de un acusado de feminicidio
Edgar Jair Aguilar Soto, señalado por la Fiscalía como presunto responsable del feminicidio de su esposa Clara Milena Álvarez Díaz ocurrido el 19 de abril de 2025 en el barrio Sinaí, quedó en libertad el 21 de febrero de 2026 por vencimiento de términos judiciales. Esta decisión ha provocado consternación entre organizaciones defensoras de derechos humanos en el Atlántico.
Red de Mujeres denuncia ineficacia y tecnicismos judiciales
La activista Ruth Pareja, líder de la Red de Mujeres del departamento, calificó la liberación como un ejemplo de "ineficacia estatal" y un mensaje de impunidad para los agresores. Según Pareja, la justicia priorizó tecnicismos procesales por encima de la protección de la vida y exigió procesos disciplinarios contra los funcionarios responsables.
Pese a que Aguilar Soto se entregó en abril de 2025, el proceso judicial no avanzó con la celeridad requerida, dejando transcurrir más de 140 días sin iniciar el juicio oral. La Red de Mujeres enfatiza que la sobrecarga laboral no puede justificar estas demoras cuando está en juego la dignidad humana y la justicia para víctimas de violencia de género.
Vacíos legales y decisiones judiciales aumentan la indignación
Un juez del Circuito de Soledad desestimó aplicar la Ley 2477 de 2025, creada para evitar la libertad de feminicidas por plazos procesales cortos, argumentando el principio de favorabilidad y no retroactividad, ya que el crimen ocurrió antes de la promulgación de la norma.
Las organizaciones sociales advierten que esta interpretación legal y la falta de celeridad envían un mensaje de desprotección a las mujeres del Atlántico. La Red de Mujeres anunció que mantendrá vigilancia y exigirá que la Comisión de Disciplina Judicial investigue las actuaciones del juez y fiscales, buscando que el proceso penal continúe con firmeza hasta una condena ejemplar.
¿Cómo avanzará la justicia ante casos de feminicidio en Atlántico?
El caso de Edgar Aguilar Soto pone en evidencia los retos del sistema judicial para garantizar procesos efectivos en casos de violencia de género. La presión social y las organizaciones defensoras seguirán insistiendo en reformas y controles para evitar que tecnicismos legales vulneren los derechos de las víctimas y sus familias.