Desde el 14 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos enfrenta un cierre por falta de financiamiento, tras no aprobarse un proyecto de ley en el Senado. Más de 100,000 empleados esenciales, incluyendo agentes de inteligencia, TSA, servicios de emergencia y la Guardia Nacional, trabajan sin recibir salario, mientras que la mitad de los 270,000 trabajadores han sido enviados a casa sin pago.
El cierre es consecuencia del desacuerdo entre republicanos y demócratas sobre una ley que limitaría las acciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza. Sin esta legislación, los demócratas bloquean la liberación de fondos para el DHS, prolongando la crisis sin una solución a la vista.
Markwayne Mullin, expeleador de artes marciales mixtas, fue aprobado en la comisión de Seguridad Nacional del Senado y espera la confirmación final para dirigir el DHS, que ha sido blanco de críticas por las políticas migratorias agresivas del gobierno anterior, incluyendo deportaciones masivas y redadas indiscriminadas.
El impacto del cierre ya es visible para la ciudadanía. Las reservas financieras del DHS se están agotando y los empleados esenciales no reciben pago, lo que ha incrementado las licencias por enfermedad y afectado la prestación de servicios. Aeropuertos principales reportan largas filas en puntos de control y demoras en vuelos debido a la escasez de personal.
“Si esto continúa, no es exagerado sugerir que podríamos tener que cerrar literalmente aeropuertos, especialmente los más pequeños”, advirtió Adam Stahl, subadministrador interino de la TSA.
La tasa de inasistencia de agentes de seguridad en aeropuertos ha alcanzado niveles históricos, con más del 10% en general y hasta 30% en aeropuertos grandes como el de Nueva York. Los empleados enfrentan la difícil situación de cubrir costos familiares sin recibir salario, lo que ha llevado a muchos a tomar licencias para buscar ingresos alternativos.