Un operativo sin precedentes y sus consecuencias mortales
Desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022, implementado por el presidente Nayib Bukele para combatir pandillas, al menos 517 personas han muerto bajo custodia en las cárceles de El Salvador, según documentos policiales filtrados y reportes de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
El caso emblemático es el de Walter Vladimir Sandoval, detenido en marzo de 2022 y fallecido días después con signos claros de tortura. Las autoridades intentaron inicialmente atribuir su muerte a una caída accidental, pero la autopsia confirmó un homicidio.
Intentos de ocultamiento y negación oficial
El gobierno de Bukele negó sistemáticamente las muertes violentas en las cárceles, calificándolas como “muertes naturales”. Altos funcionarios como el director general de Centros Penales y el ministro de Seguridad minimizaron las cifras y frenaron investigaciones judiciales, archivando expedientes sin evidencias claras.
Organizaciones internacionales y expertos han denunciado que muchas víctimas fueron clasificadas con diagnósticos dudosos, como “edema pulmonar”, utilizado para encubrir torturas y abusos.
El impacto en la comunidad y denuncias de familiares
Familiares de los detenidos han protestado y denunciado la falta de atención médica, torturas y desapariciones forzadas, además de que muchas víctimas no tenían antecedentes ni estaban perfiladas como pandilleros. La directora de SJH, Ingrid Escobar, se vio forzada al exilio tras persistir en las denuncias.
En 2025, un grupo de venezolanos trasladados a cárceles salvadoreñas denunciaron torturas y condiciones inhumanas, calificando las prisiones como “cementerios para hombres vivos”.
Patrones de muerte y negligencia sistemática
Los datos muestran que el 30% de las muertes fueron por causas violentas o tortura, otro 32% por negligencia médica, y la mayoría falleció sin sentencia ni perfil de pandillero. Las muertes mensuales han mantenido un ritmo constante, con un promedio de más de una decena al mes desde 2022.
Casos como el de Santos Navarro, un vendedor sin antecedentes que murió por diabetes sin atención médica, evidencian la falta de cuidados y la opacidad oficial en las causas de muerte.
Repercusiones y llamados a la justicia internacional
Expertos y juristas han acusado al gobierno de Bukele ante la ONU por crímenes de lesa humanidad. La base de datos recopilada por SJH es considerada una prueba clave para futuras investigaciones y posibles procesos ante la Corte Penal Internacional.
Mientras tanto, las autoridades salvadoreñas mantienen un estricto secreto sobre la información relacionada con las muertes en prisiones, dificultando el acceso a la justicia y la verdad para las víctimas y sus familias.