El 22 de mayo pasado, la Oficina del Alto Comisionado de Paz anunció la reanudación de la mesa de paz urbana de la cárcel de máxima y mediana seguridad de Itagüí, un espacio de diálogo entre las estructuras criminales de alto impacto del Valle de Aburrá y el Estado. La mesa había sido suspendida el 9 de abril tras una polémica parranda vallenata protagonizada por Nelson Velásquez, que contó con la asistencia de más de 130 visitantes en el pabellón de alta seguridad del penal.
Los puntos donde se suspenderá el tráfico de drogas
Tras la reanudación del espacio, los Grupos Delictivos Organizados (GDO) firmaron un acuerdo para garantizar la suspensión de la comercialización de estupefacientes, especialmente 'tusi' y otras drogas sintéticas, en varios puntos álgidos de Medellín. Aunque el comunicado no detalla todas las zonas, fuentes oficiales indican que los sectores priorizados incluyen comunas como la 13 (San Javier), la 8 (Villa Hermosa) y la 10 (La Candelaria), donde la venta de estas sustancias había escalado en los últimos meses.
El impacto del acuerdo en la seguridad ciudadana
El pacto busca reducir la violencia asociada al microtráfico y la disputa por territorios. Las autoridades esperan que el cese del tráfico de 'tusi' —una droga sintética de alta peligrosidad— disminuya los homicidios y las lesiones personales en las zonas afectadas. Sin embargo, organizaciones sociales han pedido que el acuerdo vaya acompañado de inversión social y oportunidades laborales para los jóvenes de los barrios.
Este es un paso importante en la construcción de paz urbana, pero debe estar respaldado por programas de prevención y desarrollo social para que sea sostenible en el tiempo.
Los antecedentes de la suspensión de la mesa
La mesa de paz urbana fue suspendida el 9 de abril luego de que se conociera que el 8 de ese mes se realizó una parranda vallenata al interior del penal, con la asistencia de más de 130 visitantes. El evento, que contó con la presentación del cantante Nelson Velásquez, generó críticas por las condiciones de seguridad y el uso de recursos del Estado. Tras dos meses de investigaciones y ajustes en los protocolos, el Gobierno nacional decidió retomar el diálogo.
Las autoridades confirmaron que se implementarán medidas de control más estrictas para evitar nuevos incidentes en la cárcel de Itagüí, incluyendo la revisión de visitas y la restricción de eventos masivos en los pabellones de alta seguridad.