Tras décadas en las que Estados Unidos apostó cada vez más por estrategias de 'reducción del daño' para enfrentar la epidemia de drogas y las muertes por sobredosis, la administración de Donald Trump está dando un giro radical que, según expertos en salud pública y adicción, podría poner en riesgo miles de vidas y revertir buena parte del progreso alcanzado en los últimos años.
Las muertes anuales por sobredosis llegaron a superar las 111.000 en 2022, la cifra más alta registrada hasta ahora. Sin embargo, la tendencia había comenzado a descender gracias a la implementación de programas de reducción del daño, que incluyen la distribución de naloxona (un antídoto para sobredosis de opioides) y el suministro de tiras reactivas para detectar fentanilo.
La prohibición de fondos y sus consecuencias
La nueva política de la Casa Blanca prohíbe explícitamente el uso de fondos federales para cualquier programa que distribuya jeringas estériles o promueva el consumo supervisado. Organizaciones de salud pública advierten que esto obligará a cerrar decenas de centros de atención en ciudades como Filadelfia, Nueva York y San Francisco, donde estos servicios han demostrado reducir la transmisión de VIH y hepatitis C, así como las muertes por sobredosis.
Nadie se recupera de la muerte. Cada vida que perdemos por una sobredosis evitable es un fracaso del sistema. Esta decisión es un retroceso que costará vidas humanas.
Expertos citados por el diario El Tiempo señalan que el giro de Trump responde a una presión de sectores conservadores que consideran la reducción del daño como una 'legalización encubierta' de las drogas. Sin embargo, datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) muestran que los estados con programas de reducción del daño han tenido descensos de hasta un 30% en muertes por sobredosis en comparación con aquellos que no los implementan.
La medida también afecta la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, ya que Estados Unidos había financiado programas similares en países como Colombia y México. Organizaciones no gubernamentales han solicitado una revisión urgente de la decisión, mientras que en el Congreso estadounidense se perfilan debates legislativos para intentar restaurar los fondos.