El Congreso de la República enfrenta uno de sus retos más importantes del semestre con la discusión de la ley de competencias, proyecto que reglamenta la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP).
Esta iniciativa busca modificar el reparto de funciones y recursos entre el orden nacional, departamental y local, una transformación que debe iniciar en 2027 y extenderse durante 12 años.
Para avanzar en este proceso, se nombraron ponentes que representan tanto a sectores afines al gobierno de Gustavo Petro como a sus críticos, garantizando un debate plural y equilibrado.
El plazo establecido para rendir el informe sobre el texto es de ocho días, un tiempo crucial para definir el futuro de esta reforma clave para la financiación territorial en Colombia.
Sin esta ley, el cambio en la distribución de los dineros corrientes de la Nación no podrá entrar en vigor, afectando la implementación de la reforma del SGP prevista para 2027.