Un operativo sin precedentes de análisis por parte de la ONU revela que entre 2022 y 2025 fueron asesinados 410 defensores de derechos humanos en Colombia, cifra que evidencia la persistencia de la violencia contra líderes sociales durante el mandato del presidente Gustavo Petro.
Aunque se observó una ligera reducción en los homicidios en 2023 y 2024, en 2025 la cifra volvió a subir a 99 casos, lo que señala que las políticas implementadas no lograron cambiar la tendencia heredada de gobiernos anteriores.
Impunidad y sistema de protección insuficiente
El informe destaca que solo el 6,87% de estos homicidios han tenido sentencias judiciales que identifiquen plenamente a los responsables, reflejando altos niveles de impunidad. Además, el modelo de protección basado en la Unidad Nacional de Protección es insostenible y no responde a la demanda real, ya que 34 defensores fueron asesinados pese a contar con medidas de seguridad.
Factores estructurales y grupos vulnerables
La ONU señala que la violencia está ligada a conflictos armados, narcotráfico, minería ilegal y otras actividades criminales que afectan especialmente a comunidades indígenas, que representan el 23% de los asesinados pese a ser solo el 4,7% de la población. Municipios como Argelia, Toribío y Santander de Quilichao, en Cauca, y Tumaco, en Nariño, se identifican como zonas de riesgo extremo.
La violencia también ha trascendido el ámbito rural, afectando a líderes en ciudades como Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla, con ataques dirigidos a comunidades afrodescendientes, campesinas, mujeres, personas LGBTI y líderes políticos.
Llamado a fortalecer políticas y reformas
La ONU reconoce avances y el compromiso del Gobierno con la política de “paz total”, pero insiste en la necesidad de implementar políticas públicas efectivas, reformas institucionales y mecanismos de protección adecuados que atiendan las causas estructurales de la violencia.
El representante de la oficina de Derechos Humanos en Colombia, Scott Cambell, enfatizó la importancia de desmantelar organizaciones criminales y fortalecer la presencia estatal para garantizar la seguridad y el desarrollo equitativo en las regiones afectadas.
“El país se encuentra en un punto de inflexión”, alerta el informe, subrayando que sin acciones contundentes la violencia contra defensores de derechos humanos continuará siendo un problema grave en Colombia.