La organización DescLAB, que acompaña jurídicamente a la paciente Catalina Giraldo, radicó este martes una solicitud ante la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional para que la magistrada Paola Andrea Meneses sea excluida del expediente que estudia la tutela presentada por Giraldo. La paciente, diagnosticada con trastorno depresivo mayor severo, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad, es la primera colombiana que pide acceder al suicidio médicamente asistido por razones mentales.
Los argumentos del impedimento
Según DescLAB, Meneses incurrió en la causal de impedimento prevista para funcionarios judiciales que 'hayan dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso'. La organización se basa en el salvamento de voto que la magistrada presentó en 2022, cuando la Corte despenalizó la asistencia médica al suicidio. En ese documento, Meneses expresó su desacuerdo con la decisión y dejó clara una posición que, según los peticionarios, coincide con los puntos centrales que ahora deberá resolver en la tutela de Giraldo.
- Meneses sostuvo que el derecho a morir dignamente ya estaba garantizado mediante la eutanasia.
- Consideró que el ejercicio de la medicina no debía extenderse a facilitar la asistencia médica al suicidio.
- Cuestionó la validez del consentimiento de quienes solicitan este procedimiento.
- Afirmó que corresponde exclusivamente al Congreso regular esta materia.
"Las opiniones previas de la magistrada rechazan anticipadamente las pretensiones del caso y evidencian un sesgo que impide garantizar una decisión imparcial", sostienen los firmantes de la solicitud.
El caso de Catalina Giraldo
Catalina Giraldo Silva, psicóloga bogotana de 30 años, padece un cuadro psiquiátrico grave, crónico e incurable. Tras años de tratamientos sin resultados, solicitó a la EPS Sanitas acceder al suicidio médicamente asistido. La EPS negó la petición argumentando que no existe reglamentación del Ministerio de Salud para estos casos. La tutela ahora en manos de la Corte Constitucional busca que se ordene a Sanitas autorizar el procedimiento en 24 horas y que el Ministerio expida la reglamentación en un plazo máximo de tres meses.
Implicaciones y contexto
Este es el primer caso en que la Corte Constitucional estudiará, mediante una acción de tutela, la aplicación concreta de la asistencia médica al suicidio, figura despenalizada en 2022 pero aún sin reglamentación. La solicitud de impedimento también pide que la Sala Octava de Revisión, integrada además por las magistradas Natalia Ángel Cabo y Miguel Polo Rosero, declare configurado el impedimento y designe un nuevo integrante para conocer el proceso.
Según datos de salud pública, con corte a la semana epidemiológica 53 de 2025 se notificaron 38.758 intentos de suicidio a nivel nacional, superando los 34.566 casos esperados. En el primer semestre de 2026, el SIVIGILA reportó 4.818 casos de intento de suicidio.