El presidente Abelardo De La Espriella entregó un nuevo balance sobre la emergencia causada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este 10 de agosto. Desde el complejo Conecta de Bogotá, donde funciona la sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el mandatario confirmó 111 fallecidos y 87 heridos, aunque precisó que las cifras podrían aumentar en las próximas horas.
Un balance que sigue creciendo
El jefe de Estado detalló que, según los reportes preliminares, se registran 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud afectados, 52 centros educativos averiados y 17 centros comunitarios con daños. En materia de infraestructura vial, el Gobierno reportó 18 vías averiadas y seis aeropuertos afectados, que permanecen sin operación para vuelos comerciales.
El presidente se dirige a la zona del epicentro
El mandatario anunció que viajará de inmediato al departamento del Chocó, donde se registró el epicentro del sismo y una de las zonas con mayores afectaciones. “Me dispongo a salir hacia Quibdó, y el resto del Gobierno irá una parte hacia el Valle y otra hacia el Eje Cafetero”, informó De La Espriella, quien además aseguró que cada dos o tres horas entregará un nuevo reporte al país.
Rescate de personas atrapadas, la prioridad
“He dado una orden perentoria: lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros”.
El presidente enfatizó que la prioridad en estos momentos es salvar vidas. “El Gobierno nacional mantiene desplegadas todas sus capacidades para proteger la vida y atender a las comunidades afectadas”, sostuvo, y ordenó que todos los reportes oficiales de afectaciones sean canalizados a través de la sala de crisis nacional del Puesto de Mando Unificado de la UNGRD en Bogotá.
Declaratoria de desastre nacional
Tras el terremoto, el Gobierno declaró el desastre de carácter nacional para atender la tragedia. Este mecanismo permite al presidente adoptar medidas excepcionales cuando ocurren crisis graves que amenazan la economía, el orden social, el ambiente o la estabilidad del país. Algunos sectores han pedido que se recurra también al estado de emergencia económica y social, aunque el mandatario no se ha pronunciado al respecto.