En una de sus primeras decisiones de Gobierno, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó el traslado de 117 presos de alto perfil desde la cárcel de Itagüí hacia centros penitenciarios de máxima seguridad en ocho ciudades del país. La medida, que busca desarticular estructuras criminales desde las prisiones, fue anunciada oficialmente este 8 de agosto.
Un operativo sin precedentes
El presidente fue contundente al señalar que los reclusos 'perderán los privilegios' que tenían en Itagüí. El traslado no solo implica un cambio de celda, sino un endurecimiento de las condiciones de reclusión, con un régimen más estricto y un control más riguroso sobre sus comunicaciones y visitas.
- Los presos serán distribuidos en cárceles de máxima seguridad en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada y otras ciudades.
- Los primeros 17 reclusos ya llegaron a la Cárcel de Palogordo, en Girón (Santander).
- La dispersión de los internos busca evitar la concentración de poder y reducir la capacidad de coordinación de las organizaciones criminales.
Perderán los privilegios. Esta es una decisión firme para garantizar la seguridad y la justicia en el país.
El impacto en la comunidad
La medida ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos sectores la celebran como un paso necesario para combatir el crimen desde las cárceles, otros advierten sobre los desafíos logísticos y de seguridad que implica el traslado de un número tan alto de reclusos de alto perfil. Las autoridades han asegurado que el operativo se realizará con todas las garantías y bajo estrictos protocolos.