Colombia cambió la historia del aborto en América Latina en 2022
El 21 de febrero de 2022, Colombia se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar el aborto hasta las 24 semanas de gestación. Antes de esta fecha, la interrupción voluntaria del embarazo solo estaba permitida bajo tres causales: malformaciones incompatibles con la vida, riesgo para la salud de la madre o embarazo por violación. Desde entonces, Profamilia ha atendido 213.895 abortos, con un crecimiento constante en los últimos años.
La mayoría de procedimientos son farmacológicos y tempranos
En 2025, Profamilia reportó 59.532 abortos, de los cuales el 94,5 % fueron farmacológicos y realizados antes de la semana 12 de gestación. Solo el 1 % de los casos correspondieron a mujeres con más de 24 semanas, quienes accedieron bajo las causales previas a la sentencia. Este dato desmiente temores sobre el uso excesivo del límite legal.
Persisten barreras que dificultan el acceso en regiones vulnerables
Aunque el aborto es legal, Profamilia señala que las brechas territoriales y sociales afectan especialmente a mujeres rurales, indígenas y racializadas. La falta de servicios públicos, la objeción de conciencia de algunos médicos y la influencia de autoridades tradicionales limitan la libertad de decisión. La entidad recomienda fortalecer la red pública, promover la telemedicina y avanzar en diálogos interculturales para derribar estos obstáculos.
“No es admisible que las autoridades indígenas impidan a una persona gestante decidir libremente la interrupción voluntaria del embarazo”, sentencia la Corte Constitucional.
¿Cómo se garantizará el derecho al aborto en el futuro?
El reto para Colombia es asegurar que el aborto se ejerza con calidad, oportunidad y dignidad en todo el territorio. Esto implica formación continua para el personal de salud, protocolos contra la violencia obstétrica, supervisión efectiva y ampliar el perfil de profesionales autorizados para realizar el procedimiento. Además, el debate político continúa, como lo muestra la reciente objeción a un proyecto del Concejo de Bogotá que imponía requisitos restrictivos.