En una entrevista con La FM, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, reveló que se intentó cambiar los estatutos de la Electrificadora del Meta con el fin de alterar los mecanismos para elegir a su gerente y modificar la estructura del gobierno corporativo.
Un operativo sin precedentes para cambiar las reglas de juego
La iniciativa proponía eliminar el proceso de selección basado en head hunter, para pasar a un modelo de designación por dedocracia, lo que implicaría abandonar los criterios técnicos que se han aplicado hasta ahora. Cortés expresó que realizar estos cambios a cinco meses de finalizar el gobierno es inoportuno y perjudicial para la empresa.
La gobernadora recordó que el Gobierno tiene la mayoría accionaria en la junta directiva y que la reforma buscaba ajustar la forma en que se designan los cargos clave dentro de la empresa.
El impacto en la comunidad y en la administración corporativa
Cortés destacó la importancia de despolitizar las empresas de servicios públicos y mantener procesos técnicos para la selección de sus directivos. Señaló que la actual estructura permite evaluaciones constantes sobre la gestión, y que la reforma amenaza con reemplazar la meritocracia por dedocracia, afectando los lineamientos corporativos y la toma de decisiones.
“Cambiar meritocracia por dedocracia”
Acciones y respuestas frente a la propuesta de reforma
Ante la polémica, se realizó un llamado público y diferentes actores enviaron comunicaciones para alertar sobre la situación. Se logró apaciguar los ánimos durante la asamblea que discutió el tema y se solicitó vigilancia institucional, enviándose un oficio a la Procuraduría para que realice seguimiento a la propuesta.
Durante la reunión, se planteó la necesidad de mantener las prácticas actuales y evitar que la empresa funcione bajo los cambios propuestos en los estatutos.
Repercusiones en la operación del servicio público
La gobernadora advirtió que la discusión también afecta la prestación del servicio y las finanzas de la Electrificadora del Meta. Indicó que el Gobierno tiene obligaciones pendientes, como el pago de subsidios atrasados, lo que ha impactado negativamente la operación y calidad del servicio.
Además, se decidió que las utilidades no se distribuyan entre accionistas, sino que se reinviertan en infraestructura para fortalecer la empresa.
Rafaela Cortés concluyó enfatizando la importancia de la concertación entre accionistas y Gobierno para garantizar la estabilidad y progreso de la Electrificadora del Meta.