En un operativo sin precedentes, la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena anuló 15 negocios jurídicos de la multinacional Drummond relacionados con predios en Agustín Codazzi, Cesar, que estaban en proceso de restitución por familias desplazadas. Este fallo es una de las 3.569 sentencias emitidas durante el gobierno de Gustavo Petro, cifra que supera en un 54% las 2.319 sentencias del gobierno anterior.
La Unidad de Restitución de Tierras (URT), adscrita al Ministerio de Agricultura y dirigida por el líder indígena Giovanny Yule, ha recibido y aprobado un mayor número de solicitudes de restitución. Mientras que en el gobierno de Iván Duque solo se aprobó el 33% de las demandas, en la administración actual la aprobación llegó al 72%, reflejando un mayor compromiso con las víctimas.
En cuanto a la entrega de tierras, bajo Petro se han restituidos cerca de 28.000 hectáreas, superando las 23.000 entregadas en el periodo anterior. Sin embargo, el número de predios entregados es menor (1.090 frente a 1.512), debido al enfoque en grandes territorios para resguardos indígenas y comunidades afrodescendientes, como la reciente entrega de 221 hectáreas al resguardo Palma Alta en Tolima.
“Estamos en el territorio ancestral de nuestros hermanos Pijaos, acompañando la entrega de esta sentencia que permite restituir derechos fundamentales que fueron vulnerados por el conflicto y la violencia”, afirmó Giovanny Yule, director de la URT.
No obstante, organizaciones como la Fundación Forjando Futuros advierten que solo se ha cumplido el 12,9% de la promesa de restitución hecha hace 14 años, con 923.484 hectáreas restituidas de 6,5 millones solicitadas. Además, solo se han dictado 12.058 sentencias frente a 171.708 solicitudes, con un rechazo acumulado del 59%.
La Contraloría General de la República ha detectado fallas en la gestión de la URT durante 2023 y 2024, especialmente en la administración de proyectos productivos agroindustriales y en el cumplimiento de órdenes judiciales. Se identificaron 17 hallazgos administrativos, 10 con posible incidencia disciplinaria, incluyendo una indagación preliminar por más de $52 mil millones.
- Deficiencias en la restitución en especie versus compensación monetaria.
- Pagos sin soporte judicial adecuado.
- Gastos logísticos sin documentación suficiente.
- Pagos a terceros no reconocidos en sentencias.
- Debilidades en proyectos productivos familiares.
- Incumplimiento de providencias judiciales.
- Uso incorrecto de recursos de inversión para gastos operativos.
A pesar de estos retos, el gobierno Petro presenta un avance considerable frente al periodo anterior y espera que la política pública de restitución sea fortalecida con la creación de la Jurisdicción Agraria, que requiere aprobación legislativa para su implementación.
El impacto en la comunidad víctima del conflicto sigue siendo significativo, pero la restitución de tierras continúa siendo un proceso complejo que demanda mayor eficiencia, transparencia y compromiso para garantizar la reparación integral y la pervivencia cultural de los pueblos afectados.