El 15 de marzo de 2025, más de 250 personas, entre ellas salvadoreños y venezolanos, fueron deportadas desde Estados Unidos a El Salvador bajo la administración de Donald Trump, acusadas sin pruebas de pertenecer a pandillas. Esta acción, que se realizó pese a una orden judicial de emergencia, marcó un escándalo en la política migratoria estadounidense.
A su llegada al país centroamericano, los deportados fueron internados en la cárcel de máxima seguridad conocida como Cecot, bajo el gobierno de Nayib Bukele. Durante semanas, no se tuvo información sobre su paradero, situación calificada por Human Rights Watch como una desaparición forzada masiva.
Mientras los venezolanos fueron trasladados posteriormente a su país tras un intercambio diplomático, cinco salvadoreños —Brandon Sigarán, William Martínez, José Osmín Santos, Irving Quintanilla y Elmer Escobar González— permanecen desaparecidos en las prisiones de El Salvador, sin contacto con sus familiares ni acceso a abogados.
“No hemos tenido ninguna noticia nueva. Literalmente no sabemos nada”, expresa Karla Sigarán, esposa de Brandon Sigarán, desde Texas, reflejando la angustia de las familias afectadas.
Las familias han agotado vías legales y administrativas, incluyendo solicitudes de habeas corpus y medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin obtener resultados satisfactorios. Algunos abogados han desistido por temor a represalias del gobierno salvadoreño.
El caso de Kilmar Abrego García, otro deportado salvadoreño que fue devuelto a Estados Unidos y lucha por sus derechos, se ha convertido en símbolo de la lucha contra la política migratoria y la violación de derechos humanos en este contexto.
En noviembre de 2025, el gobierno salvadoreño reconoció que cuatro de los desaparecidos se encontraban en su sistema penitenciario, tres en una cárcel de menor seguridad y uno en el Cecot, aunque sin permitir contacto con sus familias o abogados.
Actualmente, las familias preparan una petición ante la CIDH para determinar la responsabilidad del Estado de El Salvador en la violación de derechos humanos, aferrándose a esta última vía legal para obtener justicia y comunicación con sus seres queridos.
La incertidumbre y la ausencia de información han devastado a las familias, afectando su salud emocional y estabilidad laboral, mientras la lucha por visibilizar estos casos continúa entre la comunidad internacional y organizaciones defensoras de derechos humanos.