La reciente investigación anunciada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia a 37 organismos de tránsito en el país puso en tela de juicio los intereses detrás de los sistemas de fotodetección en el país. Bajo la lupa de las autoridades se encuentran más de 7,5 millones de fotomultas impuestas entre noviembre de 2018 y diciembre de 2024. De esta cifra global, cerca de 5,8 millones de comparendos quedarían completamente sin validez debido al presunto incumplimiento de los requisitos legales exigidos para la operación de los sistemas automáticos y semiautomáticos de detección.
El origen de la controversia: falta de requisitos técnicos
El abogado Fabio Giraldo, especialista en Derecho procesal contemporáneo y movilidad sostenible, explicó que la vulneración al debido proceso radica en que múltiples cámaras operaron sin cumplir con la Resolución 718 del Ministerio de Transporte, la cual exige aportar un 'concepto de desempeño de la tecnología' al momento de su funcionamiento. Según Giraldo, la falla estuvo en la auditoría y autorización de los entes de control, puesto que algunos municipios funcionaron sin dicho concepto, otros lo tramitaron tarde, y en varios casos se emitió a nombre del operador privado concesionario y no del organismo de tránsito oficial.
Recomendaciones de los expertos: no pagar y esperar revocatoria
Ante la incertidumbre de los ciudadanos, Giraldo enfatizó que, frente a los 5,8 millones de comparendos pendientes, las personas 'no deben pagarlos bajo ningún concepto y no deben pagarle a ningún abogado porque esos comparendos van a ser revocados por oficio'. El experto añadió que incluso si los usuarios afrontan cobros coactivos o embargos de cuentas, la medida debe revertirse puesto que 'al revocar lo principal que es el comparendo se cae lo accesorio'.
Para el millón y medio de ciudadanos que ya pagaron, el abogado sugirió interponer un derecho de petición y adelantar acciones legales bajo la figura de 'pago de lo no debido'.
Es un reflejo de la arbitrariedad sistémica en los modelos de fotodetección del país.
El impacto en Medellín y las próximas decisiones
El alcalde Federico Gutiérrez analiza el impacto tras frenar la concesión privada de las cámaras. Mientras tanto, los ciudadanos afectados esperan definiciones oficiales sobre la validez de los comparendos y posibles acciones de reparación.