Esta semana, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la conformación de una mesa de trabajo con los congresistas recién elegidos para actualizar las herramientas legales frente al crimen y la reincidencia en la ciudad. Su mensaje apunta a que la inseguridad no sería un problema de gestión local, sino de carencia de normas adecuadas para los alcaldes.
Aunque políticamente esta tesis puede ser útil, desde un punto de vista técnico resulta discutible. El alcalde ha señalado las dificultades que enfrenta la Policía para acceder rápidamente a videos de cámaras privadas que captan espacios públicos, lo que afecta procedimientos como el “plan candado” y limita la captura de delincuentes.
Sin embargo, Bogotá cuenta con miles de cámaras públicas integradas al sistema C4, diseñadas para apoyar la reacción policial. Antes de proponer leyes que obliguen a los particulares a entregar imágenes, es necesario evaluar el estado real de este sistema, su cobertura, mantenimiento y aporte efectivo a las capturas.
Además, el acceso a cámaras privadas facilita principalmente la reconstrucción de hechos posteriores al delito, pero no reemplaza una política integral de seguridad ciudadana. Es comparable a pensar que un hospital mejorará la salud pública solo con más termómetros: diagnostican pero no curan.
Respecto a la reincidencia, el alcalde ha señalado que muchos delincuentes quedan libres por fallas del sistema judicial, especialmente en delitos como el hurto de celulares. Sin embargo, la Ley 2197 de 2022 ya incorpora la reincidencia como criterio para imponer medidas de aseguramiento, lo que indica que el problema no es un vacío legal sino la capacidad del sistema para aplicar las normas.
En el sistema penal acusatorio, la privación de la libertad depende no solo de la captura, sino de pruebas suficientes, investigaciones sólidas y garantías procesales. Fallas pueden estar en la judicialización, cadena de custodia, calidad de la prueba o congestión institucional, no solo en los jueces.
La evidencia internacional muestra que disuade más la probabilidad alta de captura y judicialización que el endurecimiento de penas. Las ciudades que mejoran sus indicadores de seguridad lo hacen con inteligencia policial, patrullaje focalizado, análisis de datos y mejor coordinación entre Policía y Fiscalía, no solo con reformas legales.
En cuanto al hurto de celulares, es fundamental considerar las redes de receptación, desbloqueo y reventa detrás del delito. Aumentar penas sin desmontar estos mercados produce un efecto limitado.
La seguridad ciudadana en Bogotá demanda una articulación operativa y técnica más eficaz, mayor capacidad institucional y mejor aprovechamiento de las herramientas existentes, más que una nueva arquitectura legislativa. Más instrumentos legales no garantizan por sí solos una mejor política de seguridad.
“Tener más instrumentos legales no equivale, por sí solo, a tener una mejor política de seguridad.”
Ómar Oróstegui, Director Govlab Universidad de La Sabana