Un llamado a la seguridad jurídica
La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) manifestaron su preocupación ante las recientes medidas administrativas anunciadas por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, las cuales ordenan investigar más de 7,5 millones de comparendos emitidos mediante sistemas de fotodetección en el país.
Durante un encuentro técnico y jurídico que reunió a secretarios de tránsito de los 37 municipios y ciudades afectadas, los gremios enfatizaron la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, el debido proceso y el respeto a las competencias de las autoridades locales frente a interpretaciones normativas que consideraron excesivamente amplias.
Viabilidad jurídica y términos legales de los comparendos
En el marco del análisis jurídico, diversos expertos señalaron que los fotocomparendos que ya se encuentran ejecutoriados o que fueron pagados por los ciudadanos no pueden ser objeto de una revocatoria masiva o generalizada. Esto se debe, principalmente, a que en la mayoría de los casos ya vencieron los términos legales estipulados por la ley para interponer recursos administrativos o acciones judiciales.
Asimismo, los especialistas advirtieron que las investigaciones regulatorias deben considerar los fenómenos de caducidad y prescripción vigentes en los procesos que acumulan varios años de antigüedad, con el fin de evitar actuaciones que vulneren el marco normativo actual.
Impacto fiscal y ciudades con mayor afectación
La controversia técnica surge tras el anuncio de la Superintendencia de Transporte sobre la apertura de indagaciones a un universo de 7,5 millones de órdenes de comparendo, de las cuales aproximadamente 5,8 millones permanecen en estado de mora y 1,5 millones ya fueron canceladas por los infractores, representando un recaudo conjunto estimado en 1,05 billones de pesos.
Según Asocapitales y Fedemunicipios, Cali es la ciudad con más registros de fotomultas en investigación.