La Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) instó a la Procuraduría General de la Nación a ejercer control preventivo sobre los contratos firmados por la Cancillería desde agosto de 2025, con especial atención a 785 acuerdos suscritos en enero de 2026 por más de 77.000 millones de pesos, justo antes de que entrara en vigencia la ley de garantías.
Según Asodiplo, en total se firmaron 1.053 contratos desde agosto de 2025, varios de ellos considerados onerosos y relacionados con funciones que deberían ser cubiertas por personal de planta, cuestionando la necesidad y legalidad de estos acuerdos.
Entre los contratos de mayor valor destacan dos por 253,2 millones de pesos cada uno, asignados para servicios profesionales de asesoría jurídica en la Dirección del Talento Humano, a pesar de que la entidad cuenta con oficinas jurídicas internas que cumplen esa función.
Otro contrato relevante, por 215,2 millones de pesos, fue otorgado a Claudia Marisol Moreno Ojeda, esposa de un representante a la Cámara, para servicios especializados en el posicionamiento internacional de Colombia en áreas como lucha contra la pobreza y desarrollo sostenible, lo que ha generado inquietudes sobre posibles casos de nepotismo o tráfico de influencias.
Además, se alertó sobre la cantidad de contratistas asignados a diferentes dependencias, como la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, que firmó cerca de 84 contratos para tareas rutinarias que anteriormente realizaban funcionarios de planta sin costo adicional.
Por otro lado, la Dirección de Asuntos Consulares, que enfrentará retos significativos en 2026 como la organización de elecciones en el exterior y la atención a la diáspora colombiana durante el Mundial de Fútbol, reporta apenas tres contratos, todos vinculados al Grupo Interno de Trabajo Colombia Nos Une.
La ausencia de apoyo programado para eventos coyunturales importantes ha generado preocupación entre jefes de oficinas diplomáticas y consulares, quienes denuncian falta de recursos humanos para atender la demanda durante estos episodios.
“Si bien esto no es una irregularidad en sí, valdría la pena estudiar si existen otros casos similares para descartar conductas como nepotismo o el tráfico de influencias”, señaló Asodiplo.
La solicitud de Asodiplo a la Procuraduría busca garantizar transparencia y legalidad en la contratación pública de la Cancillería, especialmente en un contexto previo a la ley de garantías que regula este tipo de procesos.