En un hecho sin precedentes en la historia republicana de Colombia, la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico y exesposa de Roy Barreras, intentó suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro. La medida, presentada ante la Comisión de Acusaciones, se basó en una supuesta violación de las normas que prohíben al jefe de Estado participar en política, pero fue rápidamente calificada como inviable desde el punto de vista constitucional y legal.
Un intento sin sustento jurídico
La Constitución y la ley establecen que una suspensión presidencial solo puede ser decidida por la plenaria del Senado, luego de un proceso investigativo en la Comisión de Acusaciones y tras la aprobación de la mayoría de la Cámara de Representantes. Arizabaleta, sin embargo, pretendió saltarse este procedimiento. Horas después de radicar el documento, rectificó y solicitó el aval del pleno de la Comisión, cambiando el tono de su propuesta.
Rechazo unánime desde el Gobierno y el Congreso
El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que la Comisión de Acusaciones no tiene competencia para suspender al presidente, ya que su rol es de instrucción, no sancionatorio. El presidente del Congreso, Lidio García, calificó la medida de "abiertamente ilegal e inconstitucional" y recordó que cualquier suspensión debe provenir de un juicio político en el Senado. Petro, desde Nueva York, denunció un intento de extorsión política.
Las reacciones de la oposición y los analistas
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que "Petro se quiere robar las elecciones" y que la medida era un "entuerto jurídico cocinado en las entrañas del Gobierno". La senadora Paloma Valencia cuestionó: "Mucho ruido y mucho humo, pero la pregunta es: ¿a quién beneficia esto?" El abogado y exministro Luis Felipe Henao presentó una denuncia por prevaricato contra Arizabaleta.
El impacto en la campaña electoral
La jugada de Arizabaleta fue interpretada por la oposición como un intento de permitir que Petro hiciera campaña abiertamente a favor de Iván Cepeda, tras la derrota en primera vuelta. Sin embargo, fuentes del Pacto Histórico aseguran que la representante está distanciada del Gobierno y que su movimiento no tuvo fines electorales. Cepeda, por su parte, guarda silencio.
La suspensión del Presidente de la República mediante medida cautelar emitida por la Comisión de Acusaciones es inconstitucional y viola, incluso, garantías rectoras del Derecho Internacional Público. La institucionalidad se protege respetando la Constitución, no vulnerándola.