El anuncio que encendió las alarmas
La encuestadora española GAD3 anunció la suspensión de su actividad en Colombia durante la contienda electoral, argumentando que la Ley 2494 de 2025 impone 'exigencias imposibles' que dificultan cumplir con las garantías mínimas de rigor y viabilidad técnica. La firma, que publicaba encuestas con Noticias RCN, señaló que prefiere detener sus mediciones antes de comprometer su prestigio y el de su cliente.
Los puntos clave de la controversia
- La ley exige que las encuestas sean presenciales, pero GAD3 considera que en contextos de seguridad como el colombiano, las entrevistas telefónicas permiten mayor libertad de respuesta.
- La normativa requiere que la muestra sea representativa de todo el territorio nacional, sin concentrarse en grandes capitales, lo que encarece y complica los procesos.
- Se estableció una veda que solo permite realizar encuestas desde noviembre, reduciendo la ventana de publicación.
Para Víctor Muñoz, analista y cofundador de Guarumo, la ley ha encarecido las encuestas y reducido su frecuencia. Desde su promulgación, solo cinco firmas han publicado sondeos de manera recurrente: tres nacionales (CNC, Invamer y Guarumo-Ecoanalítica) y dos internacionales (GAD3 y AtlasIntel). Además, algunas firmas evalúan si vale la pena continuar.
La defensa de la ley y el papel del CNE
La senadora Angélica Lozano, promotora de la ley, defiende su aplicación y asegura que el comité técnico funciona correctamente. Sin embargo, critica que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha impulsado las auditorías necesarias para verificar el cumplimiento de la norma. 'Está trancado en lo político. Lo técnico funciona perfecto', afirmó.
El CNE ya abrió una investigación contra AtlasIntel por presunta infracción de la ley, al no acreditar un diseño muestral probabilístico que garantizara la representatividad. No obstante, tras dos meses, no hay una decisión de fondo.
El futuro de la ley en la Corte Constitucional
La Ley 2494 de 2025 enfrenta 12 demandas en la Corte Constitucional, que deberá decidir si queda en firme o se cae. Los demandantes argumentan que debió tramitarse como ley estatutaria y que vulnera la libertad de expresión y la participación política.
La Procuraduría de Gregorio Eljach respaldó el trámite legislativo como ley ordinaria y defendió el contenido de la norma: 'No imponen censura previa, no restringen la posibilidad de difundir opiniones ni impiden que terceros accedan a información de interés público. Por el contrario, se orientan a garantizar la transparencia y la trazabilidad de los estudios de opinión'.
El impacto en las elecciones de 2026
Con la primera vuelta presidencial programada para el 31 de mayo de 2026, la suspensión de GAD3 y las limitaciones impuestas por la ley reducen la disponibilidad de encuestas para los votantes. Analistas advierten que esto podría afectar el conocimiento de la verdadera intención de voto y la transparencia del proceso electoral.