Un operativo sin precedentes en transparencia y legalidad
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) emitió un comunicado oficial en el que confirma que no existe ningún proceso de análisis financiero relacionado con Angie Rodríguez, asesora del Gobierno. La entidad enfatizó que su trabajo se fundamenta en reportes de operaciones sospechosas, información de autoridades competentes y fuentes humanas, siempre bajo estrictos criterios técnicos y legales.
La UIAF aclaró que no realiza análisis financieros a solicitud de particulares ni participa en controversias políticas o coyunturales, manteniendo su independencia y objetividad en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
El impacto en la comunidad y la garantía de derechos
En el comunicado, la UIAF reiteró que no existen reportes, alertas o información que vinculen a Angie Rodríguez con actividades ilícitas dentro de su competencia. Además, destacó que sus actuaciones se rigen bajo principios constitucionales, protegiendo los derechos humanos, la presunción de inocencia y el debido proceso.
“La UIAF no criminaliza ni estigmatiza. Nuestro análisis financiero busca proteger a la sociedad sin vulnerar derechos fundamentales.”
Wilmar Mejía, director de la UIAF, afirmó que la entidad concentra sus esfuerzos en combatir el lavado de activos y la corrupción sin interferencias políticas ni disputas internas entre funcionarios.
El contexto de las denuncias y tensiones internas
El pronunciamiento de la UIAF surge tras las declaraciones de Angie Rodríguez, quien denunció una disputa interna en el Gobierno con presiones y conflictos entre altos cargos. Rodríguez mencionó a varios funcionarios, incluyendo al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, y otros miembros del equipo gubernamental.
Entre las acusaciones, Rodríguez señaló una presunta infiltración y espionaje dentro de la entidad, asegurando poseer chats y videos que evidenciarían una estrategia para perjudicarla, lo que ha generado preocupación por su seguridad personal.
La funcionaria también manifestó que existe una pugna por poder e influencia en la Casa de Nariño y pidió garantías para su protección tras estas denuncias.