Un informe de circulación restringida, conocido en exclusiva por EL TIEMPO y titulado 'Semáforo Estratégico de Áreas de Criticidad Nacional', presenta un mapa actualizado de la seguridad en Colombia durante 2026. Este documento identifica 26 zonas con niveles críticos, medios y bajos de riesgo, donde se observa un avance preocupante de grupos armados ilegales, economías ilícitas y crimen urbano, junto con señales de debilitamiento institucional.
Las diez regiones en nivel crítico, marcadas en rojo, reflejan una crisis activa o una percepción de pérdida de control estatal. Entre ellas destacan Norte de Santander (especialmente Catatumbo), Arauca, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Cauca, Nariño, subregiones de Antioquia, sur de Bolívar y zonas del Chocó. Estas áreas enfrentan confrontaciones por control territorial, desplazamientos forzados, reclutamiento ilegal, utilización de drones y explosivos improvisados, así como homicidios de líderes sociales y masacres.
En la frontera oriental, la tensión persiste con enfrentamientos entre el ELN y disidencias en Catatumbo y Arauca, donde se reportan homicidios selectivos y ataques a infraestructura estratégica. Al sur, Guaviare, Caquetá y Putumayo son escenarios de disputas tras la fragmentación de antiguos grupos armados, con amenazas a líderes sociales y control sobre economías ilegales como la minería y el narcotráfico.
Antioquia destaca por un escenario complejo de consolidación hegemónica de grupos como el Ejército Gaitanista de Colombia, ELN y disidencias en subregiones como Urabá, Norte, Nordeste, Nudo del Paramillo y Magdalena Medio, donde se evidencia crecimiento de estructuras criminales, extorsión y presión social tanto en zonas rurales como urbanas.
En el nivel medio de riesgo se encuentran departamentos como Magdalena, La Guajira, Cesar, Boyacá, Tolima, Vichada y otras áreas de Antioquia y Chocó, donde se observa expansión de grupos armados, reactivación de frentes y consolidación de rentas ilegales, con posibilidad de escalar a nivel crítico sin intervención oportuna.
Las principales ciudades del país, incluyendo Buenaventura, Barranquilla, Cúcuta, Medellín, Cali y Quibdó, están clasificadas en nivel bajo, aunque persisten riesgos relacionados con crimen organizado, extorsión, microtráfico y secuestros, evidenciando dinámicas delictivas urbanas complejas.
- Coordinar operaciones entre Fuerzas Militares, Policía y Fiscalía en zonas críticas.
- Fortalecer la inteligencia anticipativa y proteger a la población civil.
- Atacar redes de apoyo y finanzas ilegales en áreas de riesgo medio.
- Recuperar el control institucional en territorios afectados.
- Priorizar investigación criminal, judicialización e inteligencia financiera en ciudades.
“Los grupos armados han creado nuevas estructuras, reactivado corredores de movilidad, incorporado el uso de drones y aumentado el control sobre las comunidades mediante reclutamiento, amenazas, confinamiento, asesinatos y desplazamientos”, señala Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz.
El informe subraya que la coexistencia de múltiples conflictos con dinámicas propias en un mismo territorio exige respuestas diferenciadas. Además, evidencia la desconexión entre la política de paz y la estrategia de seguridad, así como falencias en la implementación de la 'Paz Total'.
Finalmente, la Fundación Ideas para la Paz advierte sobre las dificultades operativas de la Fuerza Pública en escenarios con múltiples actores armados, donde las intervenciones pueden exponer a las comunidades o erosionar la confianza institucional, complicando aún más la recuperación del control estatal.