Mientras las disidencias comandadas por Alexánder Díaz, alias 'Calarcá', seguían sentadas en la mesa de negociación con el Gobierno bajo la política de 'paz total', sus estructuras continuaron perpetrando ataques que, según la Fiscalía, dejaron decenas de muertos, entre ellos niños, civiles y militares.
La tesis de la Fiscalía: autor mediato con control total
La imputación presentada contra alias 'Calarcá' lo señala como autor mediato de tres de los episodios más violentos ocurridos en Guaviare entre abril de 2025 y enero de 2026. La Fiscalía sostiene que, aunque no estuvo presente en los ataques, conservaba el control de la organización y de las órdenes impartidas a sus hombres.
Alexander Díaz Mendoza, en su condición de máximo cabecilla del Bloque Jorge Suárez Briceño, no requería intervenir como ejecutor material para conservar el dominio del hecho, pues la acción fue realizada por integrantes subordinados (...) dentro de la cadena de mando que operaba bajo directrices, control jerárquico y disponibilidad funcional de sus ejecutores directos.
La masacre de Calamar: 20 víctimas, incluidos siete menores
El primer hecho ocurrió en el municipio de Calamar, Guaviare, donde una incursión armada dejó 20 personas asesinadas: 13 adultos y siete menores de edad. Por este caso, la Fiscalía imputó 13 homicidios agravados, siete homicidios en persona protegida y el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.
El fiscal hizo énfasis en que los siete menores eran sujetos de especial protección: 'Los menores de edad son personas protegidas por los convenios internacionales sobre derechos humanos (...) y esta conducta se imputa en concurso simultáneo de siete homicidios consumados en menores de edad'.
La emboscada que dejó siete militares muertos
El segundo episodio ocurrió el 27 de abril de 2025 en la vereda Charras, jurisdicción de San José del Guaviare. Integrantes del Frente Isaías Carvajal sorprendieron a tropas del Ejército que desarrollaban operaciones de estabilidad y seguridad. En un primer momento, los disidentes creyeron que se trataba de integrantes de la estructura de 'Iván Mordisco', pero al corroborar que eran militares, continuaron disparando.
No obstante, con el desarrollo posterior del enfrentamiento armado (...) los atacantes tuvieron elementos para advertir que el grupo contra el cual dirigían la acción correspondía a miembros del Ejército Nacional. Pese a ello, continuaron accionando armas de fuego tipo fusil contra los uniformados.
- Sargento viceprimero David Pérez Sánchez
- Soldados profesionales: Jairo Arteaga Estrada, Moisés David Cuadro Ruiz, Anderson Steven Borges Ospina, Juan David González Fernández, Carlos Andrés Cushayma Cushayma y Jean Carlos Bolaño Romo
Por este ataque, la Fiscalía imputó siete homicidios agravados, tres tentativas de homicidio agravado y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.
La incursión en Cubay: 27 muertos en disputa territorial
El tercer hecho ocurrió el 16 de enero de 2026 entre Caño Azul y la vereda Cubay, en zona rural de El Retorno, Guaviare. Hombres del Frente Isaías Carvajal lanzaron una ofensiva contra integrantes del Bloque Amazonas Martín Villa, con superioridad numérica de tres hombres por cada combatiente rival. La incursión terminó con al menos 27 personas muertas.
Entre las víctimas había cuatro menores de edad —de 14, 15 y dos de 16 años— además de más de veinte adultos, presuntos disidentes de 'Mordisco'. Para el ente investigador, la presencia de niños dentro de ese grupo ilegal no era un hecho excepcional: 'La presencia de niños, niñas y adolescentes dentro de la estructura disidente atacada era un escenario conocido o al menos previsible y probable para Alexander Díaz Mendoza, debido a la práctica reiterada y sistemática de reclutamiento e incorporación de menores en estos grupos disidentes'.
La Fiscalía concluyó que la disputa territorial no autorizaba jurídicamente ordenar acciones armadas contra grupos de personas: 'La existencia de una disputa territorial entre estructuras armadas ilegales no autorizaba jurídicamente ordenar, coordinar o ejecutar acciones con fusiles y armas de largo alcance contra grupos de personas'.
El conocimiento y la aceptación de los resultados letales
Con base en esos tres episodios, la Fiscalía concluyó que alias 'Calarcá' mantuvo el control sobre la estructura armada y que conocía el riesgo que implicaban las operaciones ordenadas por sus subordinados.
Sabía que las acciones armadas ejecutadas con fusiles (...) eran objetivamente idóneas para causar la muerte; sabía que creaban un riesgo jurídicamente desaprobado para la vida humana y, pese a ese conocimiento, quiso la ejecución de la estrategia armada y aceptó los resultados letales de las acciones ejecutadas por sus subordinados.