Una intervención estadounidense reciente provocó la captura de Nicolás Maduro y su sustitución por Delcy Rodríguez, dando paso a una etapa en la que Venezuela experimenta una apertura económica y movimientos en sus instituciones. Sin embargo, este proceso no debe confundirse con una verdadera democracia, pues la falta de un calendario electoral definido pone en riesgo la estabilidad política a largo plazo.
La economía venezolana comienza a reconectarse con el exterior y el aparato estatal se reorganiza, generando alivio en tensiones sociales acumuladas durante años de crisis prolongada. Estos avances, aunque importantes, no garantizan la protección de derechos cívicos ni una distribución justa del poder político, elementos esenciales para la consolidación democrática.
El peligro de una normalización sin democracia
La estabilización actual no surge de un acuerdo interno, sino de una intervención externa liderada por el presidente estadounidense Donald Trump, cuya prioridad no ha sido la democracia. Esto aumenta el riesgo de que la transición se limite a una administración del poder sin democratización real, manteniendo un protectorado que priva a los venezolanos de libertades y dirigentes legítimos.
Para avanzar hacia una democracia auténtica, Venezuela necesita una apertura completa del sistema, una amnistía general e incondicional para los presos políticos y el retorno garantizado de los exiliados reconocidos como líderes legítimos, como María Corina Machado y Edmundo González.
El rol crucial de la oposición y la comunidad internacional
Los liderazgos opositores enfrentan una prueba decisiva: deben aceptar la pluralidad política y evitar exclusiones absolutas para construir un diálogo efectivo. Rechazar encuentros diplomáticos, como el caso de María Corina Machado con autoridades españolas, dificulta la unidad necesaria para la democratización.
Asimismo, la comunidad internacional, incluyendo a España, debe fomentar el diálogo con todos los sectores de la oposición para contribuir a una transición democrática sólida y legítima.
“La normalidad puede ser un camino necesario en Venezuela, pero no el objetivo final, que sigue siendo una democracia con reglas claras, contrapoderes y ciudadanos que no dependan de equilibrios precarios para ejercer sus derechos.”
En conclusión, la aparente normalización en Venezuela debe ser vista como un proceso transitorio que requiere transformaciones profundas y constitucionales para romper décadas de concentración de poder. Sin estos cambios, la provisionalidad política condenará al país a vivir bajo un control externo sin libertades democráticas reales.