Un corregimiento bajo fuego cruzado
La situación humanitaria en el corregimiento de Puerto López, municipio de El Bagre (Antioquia), llegó a niveles críticos debido a la violenta disputa territorial que mantienen las disidencias de Calarcá del Bloque Magdalena Medio y el Clan del Golfo (Egc). Esta confrontación, que se extiende por el Bajo Cauca antioqueño y zonas de Bolívar y el nordeste antioqueño, ha desencadenado una escalada de hostilidades que impacta directamente a la población civil.
Cifras que alarman: confinamientos y desplazamientos
Entre enero y mayo de 2026, la Defensoría del Pueblo ha documentado un panorama desolador que incluye al menos dos eventos de confinamiento y cinco de desplazamiento forzado masivo. Además de estas crisis de movilidad, los habitantes enfrentan amenazas constantes, homicidios, reclutamiento forzado de menores y ataques indiscriminados con artefactos explosivos lanzados desde drones.
Drones como arma de guerra contra la población civil
Un elemento que ha agudizado el miedo en las veredas de Bocas de Chicamoqué, El Socorro y La Ahumada es el uso recurrente de sistemas aéreos no tripulados para atacar viviendas e infraestructura comunitaria. Esta modalidad de combate no solo pone en riesgo la vida de los civiles, sino que destruye bienes indispensables para la subsistencia, como ocurrió recientemente en la vereda Santa Isabel de Amará (Segovia), donde explosiones acabaron con el ganado de varias familias campesinas. Personas de la zona reportaron la muerte de una vaca y seis caballos.
Se registró un nuevo ataque con drones cargados con explosivos en el corregimiento de Puerto López, zona rural de El Bagre, Antioquia. Campesinos de la zona reportaron la muerte de una vaca y seis caballos.
El retiro de la Policía y el vacío institucional
A este complejo escenario se suma el retiro de la Policía Nacional del corregimiento de Puerto López ocurrido en marzo de 2026, una decisión que, según la entidad, ha profundizado la percepción de desprotección y ha limitado la capacidad de respuesta institucional frente al avance de los grupos armados. El impacto regional es significativo: en lo que va del año, se han registrado 14 desplazamientos forzados masivos que afectan a más de 2.400 personas y seis eventos de confinamiento que mantienen restringida a más de 7.700 personas en diversos municipios de Antioquia y Bolívar.
Llamado urgente a la acción
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades locales para que activen medidas integrales de prevención y protección. Asimismo, exhortó al Ministerio del Interior a convocar el Subcomité Nacional de Prevención y Protección para articular una respuesta que permita salvaguardar la vida y restaurar los derechos de las comunidades que, hoy, se encuentran atrapadas en medio del fuego cruzado.