La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 27 excomandantes de las extintas Farc por su presunta responsabilidad en desapariciones forzadas, homicidios, masacres, atentados, desplazamientos, torturas, violencia sexual y ataques contra la población civil. Los hechos ocurrieron durante décadas en el sur y oriente de Colombia.
Patrones criminales, no excesos aislados
La JEP concluyó que estos hechos no fueron actos individuales, sino que respondieron a patrones criminales organizados. Las estructuras guerrilleras usaron la violencia como mecanismo de control político, militar y social sobre extensas regiones del país.
El auto también revela la magnitud de la impunidad: el 97% de estos crímenes nunca llegó a juicio en la justicia ordinaria y el 90% permanecía en etapa preliminar. Miles de víctimas esperaron décadas por una decisión que estableciera responsabilidades.
Los máximos responsables señalados
- Rodrigo Londoño ('Timochenko'), último jefe del Secretariado.
- Julián Gallo ('Carlos Antonio Lozada'), también del Secretariado.
- Jaime Alberto Parra ('Mauricio Jaramillo' o 'El Médico').
- Milton de Jesús Toncel ('Joaquín Gómez').
A ellos se suman otros 23 comandantes con mando sobre los bloques Sur y Oriental. La decisión establece que todos ejercieron control sobre las estructuras responsables de los crímenes.
Tres patrones de violencia documentados
El primer patrón incluye crímenes durante hostilidades: tomas guerrilleras como las de Mitú y Miraflores, ataques a estaciones de Policía, emboscadas y uso de minas antipersonal que afectaron a civiles protegidos por el DIH.
El segundo patrón describe el control absoluto de las Farc en zonas rurales, con un sistema de gobierno impuesto que regulaba la vida cotidiana, imponía castigos, cobraba extorsiones y perseguía a quienes desobedecían. Ese modelo generó desplazamientos, desapariciones, homicidios y violencia sexual.
El tercer patrón se centra en las ciudades, con atentados como el del Club El Nogal, la casa bomba en Neiva, la moto bomba en Villavicencio y los rockets durante la posesión de Álvaro Uribe.
El caso Gómez Hurtado y la violencia sexual
La JEP sostiene que al menos dos de los sicarios que asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado pertenecían a la red urbana de las Farc bajo el mando de 'Carlos Antonio Lozada'. Sin embargo, no hay certeza sobre los móviles intelectuales, por lo que la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones mantienen competencia.
Por primera vez, la imputación incluye el Caso 11 sobre violencia basada en género. Se documentaron agresiones contra mujeres señaladas de incumplir normas guerrilleras y violaciones durante operaciones militares, como la toma de Puerto Rico, Meta, donde fueron agredidas diez mujeres, incluida una menor de 13 años.
Un expediente respaldado por miles de víctimas
La decisión se basa en los relatos de 2.436 víctimas acreditadas, 76 informes (37 de organizaciones de víctimas), expedientes de la Fiscalía y versiones de 82 comparecientes. Este material permitió reconstruir responsabilidades individuales y cadenas de mando.
La guerra tuvo distintas expresiones y cada una obedeció a un patrón específico que afectó gravemente a la población civil protegida por el Derecho Internacional Humanitario.