La Asociación de Ateos de Bogotá pidió este martes al alcalde Carlos Fernando Galán que se abstenga de sancionar el Proyecto de Acuerdo 153 de 2026, aprobado en pleno por el Concejo de la ciudad el pasado lunes. La iniciativa institucionaliza el nuevo 'Día de la Oración' en el Distrito Capital, que se celebraría cada 4 de julio. La solicitud quedó consignada en un comunicado público.
¿Por qué la asociación se opone?
La organización sostiene que la iniciativa 'vulnera de manera clara el principio de laicidad del Estado colombiano', consagrado en los artículos 1, 18 y 19 de la Constitución de 1991. Además, cita la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular la sentencia C-350 de 1994, que marcó la transición hacia un modelo sin religión oficial.
El Estado colombiano es neutral en materia religiosa y no debería promover, institucionalizar ni destinar espacios o acciones de la Administración Pública a prácticas propias de confesiones religiosas.
Para la asociación, invitar a la ciudadanía a orar es una facultad que corresponde a las iglesias y a sus líderes, 'y nunca del Estado a través de acuerdos, ordenanzas, resoluciones o decretos'.
El proyecto aprobado por el Concejo
El Proyecto de Acuerdo 153 de 2026 fue redactado por el concejal Andrés Giovanni Barrios Bernal, de la bancada del Centro Democrático. Según el expediente, busca declarar el 'Día Distrital de la Oración en Bogotá' cada 4 de julio, con el fin de promover espacios de reflexión, recogimiento y respeto por la libertad de conciencia y de creencias.
La normativa agrega que la Administración Distrital, a través de la Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, destinará espacios para la realización de actividades conmemorativas de esta fecha.
El siguiente paso: la decisión de Galán
El proyecto no dispone que el 'Día de la Oración' esté destinado a fortalecer una religión específica. Ahora, depende del alcalde mayor Carlos Fernando Galán aprobarlo por completo. Sin embargo, la Asociación de Ateos de Bogotá ya anunció que recurrirá a la acción de nulidad si ese es el caso.
Los ateos advierten que esto convertiría al Distrito en 'promotor activo de una práctica religiosa', lo que constituye un atropello al carácter laico del Estado y abre la puerta a que el poder público se identifique con expresiones religiosas particulares. Por ello, consideran necesario que sean los jueces quienes decidan sobre su constitucionalidad.