El nombre de Jairo Corzo, secretario de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, ha cobrado relevancia en el auto con el que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra la exrepresentante Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico). La exfuncionaria está señalada de haber presuntamente pervertido sus funciones como integrante del órgano encargado de investigar al presidente de la República.
Un operativo sin precedentes
Según la Corte, Corzo estuvo presente en algunos de los encuentros que hoy son objeto de análisis judicial. El testimonio del abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, indica que Corzo fue quien sirvió de enlace para concertar la primera reunión con Arizabaleta. "La primera vez que me reuní con ella yo acababa de recibir los procesos del presidente. Me invitó a través del secretario de la Comisión, Jairo Corzo, y terminamos en un restaurante, donde me planteó que yo debía ser un vehículo para comunicar al Gobierno con la Comisión", declaró Carranza.
El impacto en la comunidad
Los registros de ingreso al condominio donde vivía la excongresista muestran que el secretario llegó primero a un desayuno del 27 de enero de 2026 y, cerca de una hora después, ingresó el abogado de Petro. Corzo reconoció ante la Corte haber asistido a esa cita, aunque aseguró desconocer el contenido de la conversación entre Arizabaleta y Carranza.
La reconstrucción hecha por el magistrado instructor Misael Rodríguez indica que esos encuentros habrían ocurrido entre octubre de 2025 y junio de 2026, meses antes de que Arizabaleta ordenara irregularmente la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro por participación indebida en política. Esa decisión, inédita, le valió una suspensión provisional por parte de la Procuraduría y ahora hace parte del contexto de la investigación penal que adelanta la Corte Suprema.
Las revelaciones del expediente
En el expediente, la Corte concluye que existen indicios de que la entonces representante habría utilizado su investidura para intentar acercarse al Gobierno a través del abogado del presidente, Alejandro Carranza. Según el testimonio de este último, Arizabaleta le pidió servir de "vehículo" para establecer un canal de comunicación con el Ejecutivo y hacer "gestión política" sobre los procesos que cursaban en la Comisión de Acusaciones, con el propósito de cerrarlos antes de un eventual cambio de gobierno.
- El auto señala que la excongresista presuntamente entregó al abogado el borrador de una decisión interlocutoria que preparaba el equipo investigador dentro de uno de esos expedientes.
- En una reunión posterior, le manifestó que el Gobierno debía "buscar los votos" y "negociar" una eventual decisión de la Comisión.
Desde que Arizabaleta intentó suspender al presidente, Petro aseguró públicamente que detrás de esa actuación había una supuesta "extorsión" y afirmó que la entonces representante le había pedido "cosas que yo no he querido dar".
Aunque el auto no vincula a Corzo como investigado ni le atribuye responsabilidad penal, su actuación queda bajo escrutinio porque, en su condición de secretario de la Comisión de Investigación y Acusaciones —encargada de apoyar el trámite de los procesos contra el presidente—, aparece como enlace para la primera reunión entre Arizabaleta y el abogado de Petro y estuvo presente en uno de los encuentros que hoy son analizados por la Corte.
Un historial de cuestionamientos
No es la primera vez que Jairo Corzo queda en el centro de polémicas. En los últimos años, varios medios de comunicación han publicado investigaciones según las cuales habría ejercido influencia en la asignación de investigadores dentro de la Comisión de Investigación y Acusaciones en expedientes de alta relevancia contra el presidente Gustavo Petro. Esas publicaciones sostienen que, en algunos casos, los procesos terminaron en manos de congresistas cercanos o aliados políticos del saliente mandatario.
Corzo es abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, con especializaciones en Derecho Disciplinario y en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad del Rosario. Antes de llegar a la Secretaría de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, ocupó cargos en la Fiscalía General de la Nación, fue asesor externo del Consejo Nacional Electoral entre 2006 y 2011, jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, gerente de las secretarías de Gobierno y de Minas y Energía de ese departamento, registrador municipal y auxiliar judicial y oficial mayor de la Corte Suprema de Justicia entre 2016 y 2018.