El 14 de abril se llevará a cabo una audiencia determinante en Buenos Aires, Argentina, donde la Sala segunda de la Cámara Criminal y Correccional Federal analizará la apelación presentada contra el archivo de una causa judicial contra Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. La querella internacional acusa a Uribe de responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2008.
Este proceso se fundamenta en el principio de jurisdicción universal, que permite a tribunales extranjeros investigar crímenes internacionales cuando no existen avances judiciales efectivos en el país donde ocurrieron los hechos. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el periodo señalado se registraron al menos 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia.
- La querella fue radicada en noviembre de 2023 por once víctimas y tres organizaciones colombianas de derechos humanos: Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Corporación Jurídica Libertad y Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar).
- El Juzgado Segundo Federal de Buenos Aires había ordenado el archivo del caso en octubre de 2025, decisión que ahora está siendo apelada ante la Cámara.
- Las organizaciones querellantes argumentan que en Colombia no existe una investigación penal efectiva contra Uribe por estos hechos, y que la JEP no tiene competencia para investigar expresidentes.
- La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes se considera un órgano político, lo que limita la posibilidad de esclarecer responsabilidades judicialmente.
Los representantes legales del caso, el abogado argentino Máximo Castex y el jurista internacional Bénédict De Moerloose, impulsan que la justicia argentina continúe con la investigación para combatir la impunidad y garantizar justicia internacional para las víctimas y sus familias.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que la ausencia de procesos judiciales ajustados a estándares internacionales afecta el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de las personas asesinadas en estos casos.
La decisión que tome la Cámara argentina en esta audiencia podría definir si el proceso judicial sigue adelante o si se confirma el archivo, marcando un paso crucial en la búsqueda de justicia internacional frente a crímenes de lesa humanidad relacionados con el gobierno de Álvaro Uribe.