En Carrizalillo, Guerrero, la minería ha dejado una huella profunda en la salud y el entorno de sus habitantes. Desde hace más de 20 años, la presencia de la minera Goldcorp, ahora Equinox Gold, ha provocado graves daños ambientales y sociales, incluyendo enfermedades, contaminación con metales pesados y afectaciones en la calidad de vida.
La comunidad, organizada como ejido, mantenía convenios con la empresa que garantizaban pagos por la ocupación de tierras y beneficios sociales como apoyos médicos y becas. Sin embargo, en marzo de 2025, Equinox Gold intentó reducir estos acuerdos a menos de la mitad, lo que llevó a la suspensión ilegal de actividades por parte de la empresa y dejó a la población sin recursos y sin acceso a sus tierras.
El impacto en la comunidad
Los efectos en la salud son alarmantes: niños nacen con altos niveles de metales pesados, malformaciones y enfermedades crónicas afectan a gran parte de la población. Además, más del 80% de las familias sufren daños cutáneos y deben comprar agua potable debido a la contaminación con arsénico.
La población ha denunciado agresiones, amenazas y criminalización por parte de representantes de la empresa, quienes han ejercido presiones extralegales que agravan la situación de vulnerabilidad del ejido.
Resistencia y exigencias
Ante la negativa de Equinox Gold a negociar en condiciones justas, los habitantes mantienen un plantón desde hace más de un año. Sus demandas son claras: reparación ambiental, indemnización, aplicación del programa de cierre de la mina y el respeto a sus derechos agrarios y humanos.
“En México tenemos más leyes para proteger a la ardilla que a la gente. No hay ningún mecanismo que permita vincular los daños a la salud con las empresas.” — Miguel Ángel Mijangos, asesor comunitario
Mientras tanto, la Procuraduría Agraria y autoridades federales investigan los daños y la ilegalidad de la suspensión de actividades, pero la empresa sigue sin asumir responsabilidades ni iniciar procesos de remediación.
Equinox Gold, por su parte, afirma que su propuesta económica es la más alta en la historia del sector minero en México, aunque la comunidad y documentos oficiales contradicen esta versión, calificando los pagos como insuficientes y regresivos.
El caso de Carrizalillo se convierte en un símbolo de la lucha por la justicia ambiental y social en México, en un contexto donde el gobierno impulsa la reactivación minera sin resolver las problemáticas que afectan a las comunidades.
“Esperamos que este caso sirva para fortalecer las leyes y evitar que las empresas sigan vulnerando los derechos de los pueblos.” — Cristina, ejidataria de Carrizalillo