La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de Breider Murcia Correa, un joven que permanece hospitalizado en Florencia, Caquetá, tras sufrir un grave accidente de tránsito y que enfrenta un alto riesgo de amputación por demoras en la atención médica especializada ordenada desde abril de 2026.
La decisión fue adoptada luego de que la CIDH analizara la situación médica del paciente y concluyera que existe una amenaza grave, urgente e irreparable sobre sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud. El organismo internacional solicitó al Estado colombiano adoptar medidas inmediatas para garantizar el tratamiento requerido.
Un accidente que desencadenó una crisis de salud
Según el expediente, Breider Murcia Correa sufrió un accidente el 16 de marzo de 2026 y fue trasladado al Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia. Allí, los médicos determinaron que requería una cirugía reconstructiva de pie y tobillo de alta complejidad que el centro asistencial no podía realizar.
La solicitud de medidas cautelares fue presentada el 30 de abril por el ciudadano Jeferson Andrés Murcia Valderrama, quien denunció que, pese a existir órdenes médicas y fallos judiciales favorables, entre ellas una acción de tutela, la remisión a un hospital especializado no se ha concretado.
Órdenes médicas y judiciales ignoradas
De acuerdo con los documentos analizados por la CIDH, el 2 de abril de 2026 se emitió una orden médica de “remisión a cirugía plástica/ortopedia reconstructiva/cirugía de pie y tobillo”. Sin embargo, la entidad responsable, la Nueva EPS, no logró materializar el traslado del paciente a una institución de mayor complejidad. Esta entidad está intervenida por el gobierno de Gustavo Petro.
“Ordenar a la NUEVA EPS que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia proceda a realizar los trámites administrativos necesarios para autorizar y materializar la remisión”, fue la orden del Juzgado Quinto Penal Municipal de Florencia en una tutela emitida el 20 de abril de 2026. Sin embargo, esta no ha sido resuelta.
El riesgo inminente de amputación
La CIDH detalló que Breider Murcia Correa sufrió múltiples fracturas en el fémur, tibia, rótula y pie izquierdo, además de lesiones severas en tejidos blandos. Incluso, los reportes médicos advirtieron sobre exposición ósea, riesgo de infección y posible amputación.
Según el organismo internacional, el hospital realizó al menos 65 solicitudes de remisión entre el 3 de abril y el 19 de mayo de 2026 a más de 15 instituciones médicas del país, pero todas terminaron sin respuesta efectiva por falta de camas o disponibilidad.
“Las instituciones consultadas habrían negado la atención principalmente por falta de disponibilidad de camas, manteniéndose las solicitudes en estado ‘pendiente’ y sin confirmación de aceptación o traslado”, indicó la CIDH en su análisis.
Intervención de la Superintendencia y sanciones judiciales
La Superintendencia Nacional de Salud también intervino en el caso y clasificó la situación como de “riesgo vital”. Además, alertó sobre posibles barreras de acceso y presuntas fallas de la EPS encargada de garantizar el tratamiento especializado.
El caso escaló aún más cuando el Juzgado Quinto Penal Municipal de Florencia abrió un incidente de desacato y ordenó arresto domiciliario por tres días y multa contra la funcionaria señalada como responsable del cumplimiento del fallo judicial, debido a los retrasos en la remisión del paciente.
“La situación del propuesto beneficiario requiere una actuación oportuna por parte del Estado, atendiendo a la complejidad de su cuadro clínico y al carácter urgente de la atención médica especializada indicada, bajo posibilidad de amputación del miembro inferior afectado”, concluyó la Comisión.
Finalmente, la CIDH solicitó al Estado colombiano informar en un plazo de 15 días sobre las medidas adoptadas para proteger al paciente y garantizar la atención ordenada por médicos y jueces, mientras continúa el seguimiento internacional al caso.