Este lunes 25 de mayo, la Cámara de Representantes aprobó en cuarto y último debate el proyecto de ley PREIMAR (Procedimiento Especial de Interdicción Marítima), una iniciativa del Ministerio de Defensa que busca fortalecer la seguridad en los 928.060 km² de territorio marítimo colombiano y resolver problemas de seguridad jurídica que enfrentaba la Armada Nacional.
Facultades de Policía Judicial en altamar
Con la aprobación de este proyecto, la Armada Nacional —a través de su cuerpo de Guardacostas— tendrá facultades de Policía Judicial para actuar directamente en altamar frente a delitos como narcotráfico, contrabando, trata de personas y pesca ilegal. Esto incluye la recolección de pruebas y la garantía de la cadena de custodia en el lugar de los hechos, en casos de flagrancia.
Límites y garantías procesales
La norma establece que, una vez la unidad marítima llegue a territorio terrestre colombiano, las pruebas recaudadas y las personas capturadas deberán ser entregadas de inmediato a la Fiscalía y a la Policía, quienes asumirán el proceso judicial. Además, se modifica la Ley 906 de 2004 para adecuar las condiciones de captura e incautación a las realidades del territorio marítimo, evitando que los jueces desechen pruebas por falta de un marco legal que reconozca las dificultades técnicas y de tiempo en altamar.
Herramientas tecnológicas y derechos humanos
La Armada contará con herramientas tecnológicas que permitirán realizar capturas e incautaciones y poner a disposición de las autoridades competentes tanto a los capturados como los elementos materiales probatorios, garantizando los derechos fundamentales de las personas detenidas, quienes permanecerán en las unidades de superficie durante el tiempo que dure la operación.
“Es la posibilidad que hoy tenemos de que nosotros ya en el mar podamos incautar, judicializar, y eso nos va a optimizar y también va a garantizar los derechos de la población”, señaló el viceministro de Defensa, Javier Andrés Baquero Maldonado.
“Antes de esto no teníamos cómo extender el alcance del imperio de la ley al 100 % del territorio. Esta ley nos permite, como única institución con presencia permanente en ese 46 % del territorio, actuar además protegiendo los derechos humanos de las personas que sean interceptadas en actividades ilícitas”, afirmó el vicealmirante Orlando Grisales.
Próximos pasos y evaluación
Tras su aprobación en cuarto y último debate en la Plenaria de la Cámara, el proyecto quedó a la espera de la conciliación entre Senado y Cámara y posteriormente de la sanción presidencial para convertirse oficialmente en ley de la República. Además, se estipuló que el Ministerio de Defensa deberá presentar un informe de evaluación al Congreso dos años después de la entrada en vigencia de la ley, detallando los resultados operativos y el cumplimiento de las garantías procesales.