Un rezago normativo que pone en riesgo a los colombianos
Si bien Colombia ratificó este año la Convención de Naciones Unidas contra los mercenarios, el país sigue rezagado en la creación de mecanismos para prevenir el reclutamiento de exmilitares y otros ciudadanos por actores vinculados a conflictos armados en el exterior. Así lo advierte Andrés Macías, profesor de la Universidad del Externado y miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Mercenarios, quien sostiene que el Estado aún tiene una deuda en materia de regulación, supervisión y protección frente a un fenómeno que cada vez involucra a más colombianos, especialmente a los que se van al conflicto entre Rusia y Ucrania.
Las razones detrás del fenómeno
Macías explica que la participación de colombianos en conflictos armados no es nueva y responde a varios factores. Colombia cuenta con una fuerza pública intensiva en mano de obra y con una experiencia acumulada durante décadas de conflicto armado, lo que ha formado a miles de militares y policías con capacidades altamente valoradas en el exterior. Además, las políticas limitadas para veteranos han dejado a una población numerosa de militares retirados, aún jóvenes y con conocimientos especializados, que encuentran atractivas las ofertas económicas de empresas, gobiernos u otros actores extranjeros.
El desafío de monitorear un fenómeno complejo
Uno de los principales desafíos es la débil rendición de cuentas a nivel internacional. No existe una normativa global suficientemente sólida para regular este fenómeno. La Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios de Naciones Unidas, de la cual Colombia hace parte desde marzo de este año, ha sido ratificada por pocos países. Esto significa que muchos Estados no cuentan con marcos jurídicos específicos para abordar el mercenarismo. En Colombia, por ejemplo, todavía no existe el delito de mercenarismo como tal.
Reclutamiento predatorio: una modalidad alarmante
Macías destaca una modalidad de reclutamiento que denominan 'reclutamiento predatorio', dirigida a personas en condiciones de vulnerabilidad, generalmente por razones económicas, migratorias o laborales. Incluye casos en los que las personas son engañadas durante el proceso de contratación, prometiéndoles condiciones que luego no se cumplen, y una vez en el lugar de trabajo, se encuentran sometidas a mecanismos coercitivos que les impiden regresar. Esta dinámica demuestra que quienes participan en estos escenarios no solo pueden convertirse en perpetradores de violaciones a los derechos humanos, sino también en víctimas de explotación laboral.
El camino hacia una regulación interna
La ratificación de la convención de la ONU en marzo de este año implica el compromiso de crear un marco regulatorio interno. Macías señala que lo primero es definir qué se entenderá jurídicamente por mercenario, establecer mecanismos de supervisión y control, e identificar las causas que llevan a que ciudadanos colombianos sean reclutados. Sin embargo, aclara que no todas las personas que trabajan en seguridad en el exterior son mercenarios; miles prestan servicios legales como escoltas, consultores o asesores, por lo que cualquier regulación debe garantizar su derecho a desempeñar actividades legales.
Protección y prevención: los pilares de la futura ley
La regulación también debería contemplar la protección de los derechos de los colombianos víctimas de reclutamiento predatorio o que enfrenten procesos judiciales en otros países por presuntas actividades de mercenarismo. Además, sería importante definir claramente las responsabilidades del Estado colombiano en materia de prevención, supervisión, control y rendición de cuentas. El objetivo es prevenir el reclutamiento para actividades ilícitas, reducir los riesgos de participación en violaciones de derechos humanos y garantizar los derechos de quienes desarrollan actividades legales en el exterior.
Un proceso legislativo en etapa temprana
Macías informa que la discusión legislativa aún no ha surtido el primer debate. No parece probable que alcance a discutirse antes del cierre de la actual legislatura, por lo que seguramente continuará en la próxima. Se trata de una iniciativa de origen legislativo y no gubernamental, por lo que su avance dependerá de la voluntad política del próximo Congreso y de si este tema logra mantenerse dentro de las prioridades de la agenda legislativa.