La Defensoría del Pueblo anunció que vigilará el cumplimiento de la sentencia T-520 de 2024 de la Corte Constitucional, que ordenó a Colpensiones diseñar e implementar un protocolo institucional para garantizar el pago de las cuotas alimentarias a los beneficiarios, incluso después del fallecimiento del pensionado. La decisión busca proteger el mínimo vital de personas en situación de vulnerabilidad.
El caso que motivó la sentencia
La Corte Constitucional estudió el caso de una mujer de 84 años que dedicó gran parte de su vida a las labores del hogar y dependía económicamente de su cónyuge. Tras un proceso de alimentos, el Juzgado Séptimo de Familia del Circuito de Cartagena ordenó en 2018 el embargo del 20 % de la mesada pensional de su exesposo para garantizar la cuota alimentaria.
Los descuentos se mantuvieron hasta la muerte del pensionado, ocurrida el 15 de junio de 2020. Sin embargo, cuando Colpensiones reconoció la pensión de sobrevivientes a favor de una tercera persona, suspendió el giro de la cuota alimentaria, dejando a la adulta mayor sin el sustento que había sido ordenado judicialmente.
Lo que ordenó la Corte
La Corte Constitucional concluyó que Colpensiones vulneró los derechos fundamentales de la accionante al mínimo vital, a la igualdad, a la vida digna y al debido proceso. En la sentencia, el alto tribunal ordenó el restablecimiento del pago de la cuota alimentaria mediante la reanudación de los descuentos sobre la pensión de sobrevivientes.
Además, le dio un plazo de tres meses a Colpensiones para diseñar e implementar un protocolo institucional que garantice el tratamiento adecuado de las obligaciones alimentarias en casos similares. La Defensoría del Pueblo será la encargada de hacer seguimiento a esta orden.
Contribuir a que esta decisión se traduzca en garantías efectivas y sostenidas para las personas que dependen de este tipo de obligaciones alimentarias continuará siendo un compromiso de la Defensoría del Pueblo.
El papel de la Defensoría
La Defensoría del Pueblo indicó que vigilará que Colpensiones cumpla con la orden de la Corte y que el protocolo institucional incorpore reglas claras y diferenciadas en sus procedimientos administrativos. El objetivo es evitar que el fallecimiento del pensionado se traduzca en la pérdida automática de la cuota alimentaria, protegiendo así a los beneficiarios que dependen de estos recursos para su subsistencia.