El brigadier general (r) Sergio Andrés Garzón Vélez compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Tame, Arauca, para aportar verdad plena sobre el bombardeo ocurrido en Santo Domingo el 13 de diciembre de 1998, en el que fallecieron 17 civiles, incluidos niños y mujeres.
“Diez minutos después de que cae la cluster estuve sobrevolando la carretera hacia Betoyes y Tame. ¿Qué veo yo? Bastante población civil caminando de blanco. Me movían trapos de color blanco y rojo, la gran mayoría tenían camiseta blanca.”
Durante la audiencia, Garzón Vélez admitió haber disparado contra la población civil y calificó sus acciones como un crimen de guerra. Reconoció que actuó con total desprecio y sin justificación, afirmando: “Cometí un crimen de guerra”.
La operación militar que desembocó en la masacre se basó en información de inteligencia sobre un presunto aterrizaje de avioneta con armas o dinero para la guerrilla en la zona. Se desplegaron las operaciones Relámpago I y II y Pantera, con la participación de tropas del Ejército y apoyo aéreo de seis aeronaves, entre ellas un helicóptero equipado con bombas clúster.
El lanzamiento indiscriminado de estas bombas sobre la vereda Santo Domingo causó la muerte de 17 civiles y heridas a 21, todos no combatientes. Pese a observar señales claras de presencia civil, Garzón Vélez continuó el ametrallamiento durante varios minutos.
Pilotos estadounidenses en una avioneta Skymaster alertaron sobre la presencia de civiles segundos después del ataque, pero la acción no fue suspendida. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP concluyó que la Fuerza Aérea tenía la capacidad de detener la operación y no lo hizo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado colombiano responsable por violaciones a los derechos a la vida, integridad personal y propiedad privada, ordenando medidas de reparación y reconocimiento público.
En procesos judiciales nacionales, el piloto César Romero Padilla y el copiloto Johan Jiménez Valencia fueron condenados a 30 años de prisión, mientras que Noé Suárez Rojas, alias Grannobles, recibió 53 años por su participación en la masacre.
“Este acto no solo reivindica la memoria de los niños, niñas y adultos que fallecieron en esa masacre, sino también la de las personas que resultaron heridas y que aún llevan en sus cuerpos las esquirlas de armas que nunca debieron usarse contra ellas.” — Magistrada Sandra Castro Ospina, JEP
La JEP continuará investigando a oficiales de mayor jerarquía que ordenaron el uso de armas prohibidas contra civiles y a terceros involucrados, con el compromiso de que estos crímenes no prescriban y que los responsables respondan ante la justicia.