A las orillas de la laguna de La Habana, en Tláhuac, un sol implacable calienta montones de tierra donde madres, familiares y funcionarios escudriñan en busca de restos humanos. En solo tres semanas, más de 1.400 fragmentos óseos han sido encontrados, que podrían pertenecer a algunos de los más de 130.000 desaparecidos en México.
Estas excavaciones representan la herida abierta de un país marcado por la desaparición forzada. Colectivos como 'Una luz en el camino', fundado por Jacqueline Palmeros, han asumido el rol de abogadas, policías y antropólogas para buscar a sus seres queridos, enfrentando la indiferencia y la falta de apoyo estatal.
“En este país sales a buscarlos o te quedas llorando en casa”.
Jacqueline relata su búsqueda incansable de su hija Montserrat, desaparecida en 2020. Recorrió 23 estados y exploró zonas peligrosas sin ayuda oficial. Cuatro años después, encontró restos que confirmaron la tragedia, pero la búsqueda continúa porque quiere respuestas completas y justicia.
El impacto en la comunidad se refleja en las plazas con carteles de desaparecidos y en la organización de actos para visibilizar la crisis, especialmente en eventos internacionales como el Mundial de Fútbol que México coorganiza.
La visita del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, puso en la agenda pública la gravedad de las desapariciones forzadas, señalando la participación de actores estatales y la insuficiente respuesta gubernamental, que delega la búsqueda principalmente a familiares.
El gobierno de Claudia Sheinbaum respondió rechazando el informe de la ONU, destacando esfuerzos recientes y atribuyendo casos graves a administraciones pasadas. Sin embargo, medidas como la obligación de abrir investigaciones inmediatas evidencian el desorden que ha sufrido la atención a las víctimas.
Familiares como Guadalupe Fernández Ruiz denuncian demoras de años para que las autoridades actúen, mientras las búsquedas y hallazgos se realizan mayormente por iniciativa propia de las familias.
- Coordinación entre instituciones y autoridades.
- Dotación de especialistas y equipo a la Comisión Nacional de Búsqueda.
- Centralización de datos y alertas.
- Mecanismos de participación para familias.
- Racionalización de la base de datos sobre desaparecidos, que ha generado controversia.
Durante la visita, el Alto Comisionado reconoció avances y voluntad gubernamental, pero colectivos denuncian que el Estado no acepta plenamente la magnitud de la crisis ni la necesidad de ayuda externa.
En Tláhuac, la búsqueda es intensa y peligrosa. Las excavaciones están custodiadas por la Guardia Nacional y policías municipales, mientras las buscadoras enfrentan amenazas constantes, asesinatos y desplazamientos forzados.
Marite Valadez, desplazada y defensora, relata la violencia que ha sufrido tras buscar a su hermano desaparecido. Jacqueline Palmeros vive bajo protección debido a riesgos derivados de la reaprehensión de los sospechosos de la desaparición de su hija.
“En vez de recomendaciones, la ONU debería obligar al Estado a aceptar la crisis de desapariciones que hay”.
A pesar de las dificultades, los colectivos mantienen la esperanza y la lucha, buscando justicia y verdad en un país donde la ausencia oficial obliga a las familias a convertirse en buscadoras incansables.