La posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, prevista para este 7 de agosto en Cali, no contará con la asistencia del presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Alejandro Ramelli. La exclusión se produce en un clima de abierta tensión entre el nuevo Gobierno y el tribunal de justicia transicional, y se suma a la de otros dirigentes políticos.
Un precedente inédito en la JEP
Desde que la JEP entró en funcionamiento en marzo de 2018, esta es la primera vez que su máxima autoridad no es invitada a una posesión presidencial. En 2018, Iván Duque convocó a Patricia Linares junto con los presidentes de las altas cortes, y en 2022, Gustavo Petro hizo lo propio con Eduardo Cifuentes Muñoz.
Las exclusiones que marcan la ceremonia
- Juan Manuel Santos no fue incluido por diferencias alrededor del Acuerdo de Paz.
- Ernesto Samper fue vetado por el propio De La Espriella, quien lo confirmó públicamente.
- Paloma Valencia aseguró que tampoco recibió invitación.
La promesa de desmonte y sus límites
La ausencia de Ramelli ocurre en un contexto de tensiones entre el nuevo Gobierno y la jurisdicción. Desde la campaña, De La Espriella ha sostenido que impulsará el desmonte de la JEP y anunció que, a partir del 8 de agosto, buscará mecanismos legales para avanzar en ese propósito.
La JEP fue incorporada a la Constitución mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y cuenta con respaldo internacional, por lo que no podría ser eliminada mediante decreto presidencial. Cualquier intento requeriría una reforma constitucional sujeta al control de la Corte Constitucional.
El ministro de Justicia designado, Iván Cancino, ha precisado que el Gobierno no promoverá una eliminación inmediata del tribunal, sino que ejercerá una veeduría sobre su gestión, revisará recursos y exigirá resultados frente a los plazos de investigación. También recordó que existe seguimiento de la Corte Penal Internacional.
Ramelli tiende puentes
Mientras tanto, Ramelli ha insistido en mantener abiertos los canales institucionales. Envió cartas oficiales al mandatario electo invitándolo a una reunión cara a cara para presentar los resultados de la jurisdicción, entre ellos las más de 368 imputaciones vigentes contra máximos responsables del conflicto armado.