La conformación de la nueva dirección de la Policía Nacional quedó en manos de dos oficiales generales en retiro con una curtida trayectoria en investigación criminal. El presidente electo Abelardo De La Espriella designó al general (r) Alejandro Barrera como director de la institución y al general (r) Norberto Mujica como subdirector, una decisión con la que comienza a tomar forma la estrategia de seguridad que implementará desde el inicio de su gobierno.
Las primeras medidas de seguridad
La llegada de los generales (r) al servicio activo coincide con el anuncio de tres decisiones que marcarán la política de seguridad de la nueva administración. La primera será la expedición de un decreto para crear el Bloque de Defensa, una estrategia orientada a concentrar las operaciones contra los delitos que más afectan la seguridad urbana, entre ellos la extorsión y el homicidio, además de establecer un plazo para que los grupos armados organizados se sometan al Estado de Derecho.
A lo anterior se suma la revisión del modelo de seguridad regional para descentralizar la Fuerza Pública y fortalecer las capacidades de inteligencia militar y policial en los territorios. Los anuncios fueron presentados durante la Cumbre de Seguridad Urbana realizada en Barranquilla, escenario en el que De La Espriella planteó el eje de la política que pretende desarrollar.
Cuando el Estado pierde el control del territorio, también pierde autoridad y soberanía. La seguridad no puede depender de los delincuentes ni de los límites que ellos pretendan imponer a la libertad de los colombianos. Mi compromiso es recuperar el orden y garantizar la presencia del Estado en cada rincón de Colombia: en las fronteras, las carreteras, las veredas, los barrios y las ciudades.
El desafío de la nueva cúpula
Ese planteamiento traslada ahora la responsabilidad a la nueva cúpula policial y la tarea no se limitará a ejecutar una política de seguridad, sino a responder a un escenario en el que el crimen organizado ha transformado sus estructuras, diversificado sus fuentes de financiación y ampliado su presencia territorial. El desafío también incluye fortalecer la inteligencia, la investigación criminal, el control territorial y la coordinación con las demás instituciones del Estado.
La extorsión representa otro de los fenómenos que exigirán una transformación en las capacidades institucionales debido a que este delito ya no depende exclusivamente del cobro presencial, sino que incorpora llamadas desde centros penitenciarios, plataformas de mensajería, criptomonedas y otras herramientas tecnológicas que dificultan rastrear a los responsables y seguir el flujo de los recursos ilícitos.
Lo que dicen los expertos
El general en retiro, Juan Carlos Buitrago, indicó que la nueva cúpula policial le corresponderá afrontar múltiples escenarios de complejidad en materia de orden público, criminalidad y violencia. “El Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana que actuará articuladamente con los mandatarios regionales, es uno de los más serios y tortuoso desafío, pero no imposible. La localización de los objetivos de alto valor anunciados por el Presidente, en sus empalmes regionales, será otra prioridad que azota a las regiones. El manejo inteligente y ponderada de la denominada ‘desobediencia civil’, que en forma sostenida proyecta la oposición, será una verdadera prueba de fuego, nunca inferior a sus capacidades”, dijo el oficial en retiro.
Además, añadió que los tres generales poseen sobrado conocimiento, experiencia y legitimidad, para recobrar la confianza de los ciudadanos y de la comunidad internacional, porque “el reto supremo será, en acción conjunta con nuestras Fuerzas Militares y el resto del Estado, tienen la oportunidad de cerrar la herida más abierta que agoniza en los colombianos, la recuperación definitiva e institucional de los territorios más afectados por el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, las economías ilícitas y la violencia. La ecuación es muy simple: si esto no ocurre, no habrá ‘Patria Milagro’, y seguiremos condenados a repetir estos ciclos interminables”.
Para el consultor en seguridad Duván Castañeda García, el principal reto consiste en responder a la evolución de las organizaciones criminales, que hoy operan mediante estructuras más flexibles, con capacidad de adaptación y presencia simultánea en diferentes regiones del país. En ese contexto, se explican los enfrentamientos por el control de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas y la extorsión continúan alimentando buena parte de la violencia homicida.
El analista advierte, en ese sentido, que el homicidio ha dejado de ser únicamente una consecuencia de disputas criminales para convertirse, en muchos territorios, en un mecanismo utilizado por esas estructuras para imponer control social, disciplinar comunidades o eliminar organizaciones rivales. Esa dinámica obliga a que las operaciones policiales trasciendan la captura de responsables individuales y apunten a la desarticulación completa de las redes criminales.
A lo anterior se suma la capacidad financiera que han adquirido las organizaciones criminales. Esos recursos, explica el experto, les permiten acceder a tecnología, infiltrar instituciones mediante actos de corrupción, reclutar jóvenes, obtener información privilegiada y sostener redes logísticas con presencia en distintas zonas del país. Esa realidad obliga a que la respuesta del Estado combine operaciones policiales con investigaciones patrimoniales y financieras.