Un nuevo informe del centro de pensamiento Atlantic Council advierte que, aunque Colombia logró superar sin mayores sobresaltos las elecciones legislativas de marzo, persisten riesgos serios de cara a la primera vuelta presidencial, especialmente en materia de violencia política, presión de grupos armados ilegales y desinformación que pueden poner en duda la legitimidad de los resultados.
Violencia política: un fantasma que no se disipa
El primer riesgo identificado por el Atlantic Council es la violencia política. A pesar de que las legislativas de marzo se desarrollaron sin incidentes mayores, el informe señala que en varias regiones del país persisten amenazas y ataques contra candidatos, líderes sociales y comunidades. Esto podría intensificarse durante la campaña presidencial, afectando la participación y la confianza en el proceso.
Presión de grupos armados ilegales en los territorios
El segundo riesgo es la presión ejercida por grupos armados ilegales, que buscan influir en los resultados electorales a través de la coerción y el control territorial. El informe destaca que, aunque las instituciones colombianas son sólidas, la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en todas las regiones es limitada, lo que abre espacios para que estos grupos actúen.
Desinformación: el enemigo invisible
El tercer riesgo es la desinformación, que podría socavar la credibilidad del proceso electoral. El Atlantic Council advierte que campañas de desinformación, tanto nacionales como internacionales, podrían sembrar dudas sobre la transparencia de los resultados, especialmente en un contexto de polarización política. El informe llama a fortalecer los mecanismos de verificación y comunicación para contrarrestar este fenómeno.
Aunque Colombia logró superar sin mayores sobresaltos las elecciones legislativas de marzo, persisten riesgos serios de cara a la primera vuelta presidencial.
El informe concluye que, si bien las instituciones colombianas demostraron ser sólidas y funcionales durante las legislativas, es crucial que las autoridades electorales, el Gobierno y la sociedad civil trabajen juntos para mitigar estos riesgos y garantizar que los comicios presidenciales de 2026 sean libres, justos y legítimos.