Un llamado desde las regiones ante la crisis humanitaria
La Federación Nacional de Departamentos (FND) hizo un fuerte llamado al Gobierno Nacional ante la dramática escena que estremece por estos días al Guaviare: decenas de cuerpos sin vida llegando a San José del Guaviare, en medio de la escalada de violencia por los enfrentamientos entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’.
Los combates se registraron el martes en la vereda La Siberia, en San José del Guaviare. La cifra de víctimas mortales es la más alta registrada en los dos años de confrontación entre ambos grupos armados, tras su separación del desaparecido ‘Estado Mayor Central’.
La FND aseguró que las autoridades territoriales están sorteando una crisis humanitaria y de seguridad que desborda sus capacidades mientras el Ejecutivo permanece "ausente".
Es inaceptable que las regiones deban enfrentar solas las consecuencias humanas, institucionales y sociales de una crisis de seguridad resultado de decisiones improvisadas adoptadas desde el centro del país.
Misión humanitaria y recuperación de cuerpos
A las zonas conocidas como La Siberia, Caño Cumare y Pipiral llegó una misión humanitaria integrada por el cuerpo de Bomberos, la MAPP-OEA, la Misión de Verificación de la ONU, el CICR, la Gobernación del Guaviare y la Alcaldía de San José del Guaviare para recuperar y gestionar dignamente los cuerpos de 48 personas, al parecer combatientes.
La FND señaló que "la ausencia del Gobierno nacional frente a esta emergencia, así como la recurrente omisión en la respuesta oportuna que demandan las regiones, profundiza la sensación de abandono que viven las comunidades afectadas por la violencia y se vuelve cómplice del incremento exponencial de las masacres".
Críticas a la 'Paz Total' y llamado a la descentralización
Según indicaron, lo ocurrido reafirma por qué los gobiernos departamentales y locales reclaman mayor autonomía y una verdadera descentralización. "Las decisiones sobre la llamada 'Paz Total' se toman desde suntuosos escritorios en Bogotá, mientras los territorios se llenan de muerte, miedo y abandono, y las respuestas simplemente no llegan".
Defensoría del Pueblo pide protección para la población civil
Por su parte, la Defensoría reconoció el papel de las comunidades rurales que fueron las primeras en responder a la emergencia y que, en medio de las dificultades derivadas de la confrontación, ayudaron a recuperar y resguardar los cuerpos hasta la llegada de las instituciones. Sin embargo, "la protección de la población civil es una obligación que debe ser garantizada por todos los actores y autoridades competentes", señaló la entidad.
Frente al deterioro de la situación, la Defensoría hizo un llamado urgente a ambas estructuras armadas para excluir a la población civil de las hostilidades. "Solicitamos al Gobierno fortalecer las medidas de prevención, protección y atención humanitaria para las comunidades afectadas, así como a adoptar acciones urgentes para evitar una mayor profundización de la crisis humanitaria", dijo la entidad.
Respuesta del Gobierno y situación judicial de 'Calarcá'
Durante una rueda de prensa en Cali, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó este hecho como un crimen atroz. "En esta región hemos desarrollado gran parte de las operaciones militares; sin embargo, lamentablemente, personas instrumentalizadas por estos grupos criminales realizaron asonadas contra la Fuerza Pública, impidiendo el cumplimiento de su misión constitucional. De no haberse presentado estos hechos, muy seguramente esta masacre habría podido evitarse", dijo.
Entre tanto, Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, será imputado por la Fiscalía ante un juez como persona ausente tras agotar todos los mecanismos para lograr su ubicación y comparecencia a la diligencia por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida y homicidio agravado, entre otros cargos. El ente investigador también reveló en audiencia que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz informó que no cuenta con información verificable sobre el paradero de ‘Calarcá’, quien mantiene suspendida su orden de captura por decisión del presidente Gustavo Petro para facilitar su participación en los diálogos de la política de ‘paz total’, un proceso que, en el caso de esa disidencia, aún no ha producido resultados concretos.