Ante las víctimas y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el brigadier general retirado Francisco José Ardila Uribe reconoció que durante su comandancia de la Séptima Brigada del Ejército, entre 2006 y 2007, no ejerció los controles necesarios para impedir la comisión de asesinatos y desapariciones forzadas que luego fueron presentados falsamente como bajas en combate.
Ardila Uribe, quien tuvo bajo su jurisdicción al Batallón de Infantería No. 21 Batallón Pantano de Vargas y al Gaula Meta, admitió que ignoró señales de alerta que advertían posibles irregularidades en las operaciones militares.
No di la debida importancia a las señales de alerta contenidas en los informes de las carpetas operacionales y de las organizaciones de derechos humanos. Tampoco ejercí controles eficaces sobre aspectos críticos como inteligencia, operaciones y documentación, ni hice un seguimiento detallado a las investigaciones adelantadas.
Según reconoció, esas omisiones permitieron que se consolidaran prácticas criminales sistemáticas dentro de las unidades bajo su mando.
No cuestioné en su debido tiempo los informes de resultados operacionales que hoy sabemos que eran falsos, y esa omisión facilitó que los hombres bajo mi mando cometieran sistemáticamente esas acciones delictivas.
El sistema de cuotas de bajas: un incentivo perverso
El oficial retirado aceptó que las unidades a su cargo terminaron involucradas en dos de los tres patrones macrocriminales identificados por la JEP dentro del Caso 03: los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate y los hechos atribuidos al Gaula Meta. También reconoció la existencia de mecanismos de planeación, ejecución y encubrimiento destinados a reportar los asesinatos como resultados legítimos de operaciones militares.
Uno de los puntos centrales de su intervención fue la referencia al sistema de medición de resultados operacionales implementado en el Ejército durante esa época.
Reconozco que el sistema que se tenía a nivel del Comando del Ejército, en cabeza del señor general Mario Montoya Uribe y el cual yo puse en práctica, basado, entre otros, en incentivos como permisos especiales, felicitaciones, condecoraciones y viajes al exterior, facilitó en gran medida que se cometieran estos funestos actos.
Según explicó, ese modelo privilegiaba las muertes en combate por encima de otros resultados operacionales.
Este sistema priorizaba las muertes en combate sobre otros resultados operacionales, como las capturas o las desmovilizaciones, porque las unidades de división, brigada y batallón se medían y clasificaban según el número de cuerpos reportados.
La presión desde la Cuarta División
Ardila también señaló que, en el ámbito de la Cuarta División, de la cual dependía la Séptima Brigada, el entonces comandante, mayor general Guillermo Quiñones Quiroz, estableció cuotas de resultados operacionales centradas en las muertes en combate.
Según su relato, esas metas fueron trasladadas a los batallones bajo su mando con el propósito de cumplir los objetivos fijados por el comando superior.
Esto facilitó que esa nefasta cultura institucional del conteo de cuerpos se aplicara a mis unidades subordinadas, incentivando a que los hombres bajo mi mando, para cumplir las metas impuestas, cometieran crímenes buscando resultados a como diera lugar.
El oficial retirado sostuvo que esas conductas terminaron vulnerando los principios éticos y morales que, según dijo, son inculcados en la formación militar.
Reconocimiento de responsabilidad
Al concluir su intervención, Ardila Uribe reconoció su responsabilidad por no haber ejercido adecuadamente sus funciones de dirección, control operacional y disciplina.
Reconozco que fallé en el ejercicio de mis funciones de mando, dirección, control operacional y disciplinario como comandante de la Séptima Brigada. Esa falla permitió la comisión de operaciones ilegales por parte de unidades bajo mi mando, en las que personas inocentes fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate.
Fueron 27 exintegrantes del Ejército los que aceptaron su responsabilidad por cometer 209 'falsos positivos' y 69 desapariciones forzadas en el Meta.