A 11 días de la segunda vuelta presidencial que definirá quién, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, será el próximo jefe de Estado, en Antioquia las condiciones y circunstancias para que los habitantes de la región ejerzan con libertad su derecho al voto, parecen no estar dadas.
De cara a las elecciones legislativas de marzo pasado y a la primera vuelta presidencial, Antioquia fue uno de los departamentos con más alertas electorales emitidas por la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE). Dichas alertas se configuraban a raíz del nivel de riesgo al que se encontraban expuestos los habitantes de cada municipio del país al salir a votar.
Particularmente, en el Norte de Antioquia, subregión del departamento donde varios municipios se han convertido en enclaves para la operación ilegal de estructuras como las disidencias de las Farc, el 'Ejército Gaitanista de Colombia' y el Eln, había múltiples alertas. A pesar de ello, según los reportes oficiales, la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo transcurrió con normalidad en la subregión.
La denuncia del gobernador
Sin embargo, de cara a la segunda vuelta de este próximo 21 de junio, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció presunto constreñimiento electoral contra los habitantes de dos municipios del Norte del departamento. De acuerdo con el mandatario, el frente 36 de las disidencias estaría constriñendo a los habitantes de Campamento y Angostura para votar de determinada manera en la segunda vuelta de los comicios presidenciales.
"El frente 36 de las Farc está de nuevo, abiertamente, constriñendo o pretendiendo hacerlo, a la población en municipios como Angostura y Campamento, donde están haciendo reuniones y obligando a la gente a revertir el resultado electoral de primera vuelta, so pena de atenerse a las amenazas que ellos mismos han expuesto", aseguró Rendón.
El gobernador aseguró que el partido de gobierno (Pacto Histórico) ganó en 15 de los 125 municipios del departamento, y que precisamente en esos territorios se tienen nociones de rentas criminales, presencia de grupos armados organizados y constreñimiento por parte de estas mismas estructuras ilegales.
Llamado a la fuerza pública
En ese sentido, el gobernador le solicitó a la fuerza pública fortalecer el despliegue operativo de cara al Plan Democracia. "Que no sea solo tener un soldado o policía en cada puesto de votación, sino detener a los promotores de esas reuniones que son una amenaza para el ciudadano", sentenció el gobernador.