Un revés judicial a la 'paz total'
La decisión del Consejo de Estado de suspender parcialmente la resolución que frenaba órdenes de captura dentro de la política de ‘paz total’ volvió a poner en el radar judicial a siete presuntos cabecillas de estructuras criminales con presencia en Medellín, Bello y el Valle de Aburrá.
El alto tribunal concluyó que la Fiscalía y el Gobierno no cumplieron las condiciones fijadas por la Corte Constitucional para aplicar ese beneficio y, por ello, ordenó dejar sin efectos la suspensión de captura que seguía vigente para siete voceros de organizaciones delincuenciales.
Los siete capos que vuelven a ser buscados
Entre los beneficiados inicialmente por la resolución aparecían señalados integrantes de bandas como ‘Pachelly’, ‘Los Triana’, ‘El Mesa’ y ‘La Silla’, estructuras vinculadas históricamente a extorsión, homicidios, narcotráfico y control territorial.
- Alberto Antonio Rodríguez Henao Acevedo, alias Alber o ‘Albert’, cabecilla de alto perfil de la organización ‘Pachelly’, con operaciones en Bello y el norte de Antioquia.
- Andrés Dimaría Oliveros Correa, alias Mundo Malo, vinculado al Grupo de Delincuencia Común Organizada ‘La Silla’, con antecedentes y capturas internacionales en Chile.
- Fredy Alexander Henao Arias, alias Naranjo, segundo cabecilla y jefe financiero de la estructura ‘Los Triana’, con más de dos décadas de trayectoria criminal en el norte del Valle de Aburrá.
- Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias ‘El Montañero’, máximo líder de la estructura delincuencial ‘El Mesa’, considerada una de las bandas más grandes de Bello.
- Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente, señalado de coordinar homicidios selectivos y controlar zonas de tráfico de estupefacientes en Antioquia.
- Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado, señalado de actuar como asesor estratégico, financiero y legal para dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.
- Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica, hermano de alias Alber, relacionado con la estructura ‘Pachelly’ y con condenas previas por concierto para delinquir agravado.
El riesgo de fuga que alertó al tribunal
La resolución cuestionada había suspendido las órdenes de captura por seis meses para facilitar la participación de estos voceros en el denominado “Espacio de Conversación Sociojurídico” impulsado por el Gobierno Nacional.
Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que la medida no podía aplicarse de forma generalizada y que la Fiscalía debía verificar individualmente la necesidad y legalidad de suspender cada orden de captura, tal como lo exige la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional.
El tribunal también advirtió un posible riesgo de fuga internacional, debido a que varios de los beneficiarios tenían movilidad en zonas cercanas al aeropuerto José María Córdova y solo dos contaban con restricciones para salir del país.