El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ofreció una entrevista exclusiva en la que defendió la gestión del tribunal y cuestionó la naturaleza política de las críticas que recibe. Ramelli destacó que la JEP ha avanzado en la investigación y juzgamiento de los máximos responsables del conflicto armado colombiano, y subrayó la importancia de una posible prórroga de cinco años para culminar sus labores.
El impacto en la justicia transicional y la necesidad de extensión
El mandato actual de la JEP está previsto para 15 años, de los cuales han transcurrido ocho. El presidente Ramelli indicó que, dada la complejidad y volumen de los procesos pendientes, la extensión por cinco años, contemplada en la Constitución, será necesaria para cerrar investigaciones y emitir sentencias definitivas.
“Los cinco años de prórroga ya previstos serán necesarios en un futuro, debido al elevado número de juicios adversariales y dialógicos que se avecinan.”
La polarización política y la percepción pública de la JEP
Ramelli explicó que la polarización política ha influido en la percepción y legitimidad del tribunal, con cuestionamientos que provienen de posiciones ideológicas que no analizan objetivamente los resultados alcanzados. Rechazó las afirmaciones sobre impunidad y sesgo ideológico, asegurando que la JEP actúa con equidad tanto sobre excombatientes de las Farc como sobre miembros de la Fuerza Pública.
- La JEP ha imputado a 304 máximos responsables de crímenes graves, con cerca del 90% de aceptación de responsabilidad.
- Se han emitido igual número de autos de imputación contra exintegrantes de las Farc y miembros de la Fuerza Pública.
- Se ha otorgado a agentes estatales beneficios diferenciados avalados por la Corte Constitucional.
Defensa de la independencia judicial y controles existentes
Respecto a propuestas que buscan modificar la JEP, como ampliar el uso de la tutela o permitir revisiones por la Corte Suprema, Ramelli reafirmó que ya existen controles judiciales efectivos, principalmente a través de la Corte Constitucional, que garantizan la independencia y el debido proceso en la jurisdicción.
Consecuencias de un cierre o alteración de la JEP
El magistrado advirtió que un eventual cierre o modificación profunda del tribunal tendría graves consecuencias para la justicia transicional, incluyendo la revictimización, inseguridad jurídica para comparecientes, incumplimiento del compromiso estatal con la paz y posibles sanciones internacionales.
“Significaría fallarle a miles de víctimas que por primera vez fueron escuchadas y enviaría un mensaje nefasto a futuros grupos armados que consideren negociar su desarme.”
Resultados concretos y balance de la JEP
Ramelli resaltó que la JEP ha logrado condenas históricas, como la del último Secretariado de las Farc por secuestros y otros crímenes internacionales, así como sanciones contra miembros de la Fuerza Pública. Además, señaló que miles de víctimas han participado en procesos que antes estaban en la impunidad.
- Sanciones de 8 años para siete integrantes del último Secretariado de las Farc y 12 miembros del Ejército.
- Condena de 20 años para el coronel retirado Publio Hernán Mejía.
- Procesos con participación de más de 4.000 víctimas y reconocimiento de crímenes contra pueblos étnicos.
Finalmente, Ramelli confió en que el blindaje constitucional de la JEP será respetado y que la sociedad colombiana seguirá apoyando la garantía de derechos de las víctimas y la construcción de paz en el país.