El Gobierno colombiano adjudicó un contrato millonario a Amadeus Consultancy, una microempresa británica con apenas dos empleados y un patrimonio reducido, para que brinde asesoría en la defensa jurídica internacional relacionada con la salida del presidente Gustavo Petro de la lista de sancionados por Estados Unidos.
La firma, constituida en 2017 y con sede en el noroeste de Inglaterra, recibirá cerca de 2,7 millones de dólares (10.000 millones de pesos) en un plazo de 112 días, monto que equivale a 35 veces su patrimonio actual, según registros oficiales del Reino Unido.
Esta contratación se dio tras la inclusión de Petro en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, que lo señala por supuestos vínculos con el narcotráfico. En lugar de optar por grandes firmas jurídicas de Washington D.C., la Presidencia prefirió esta pequeña consultora para elaborar análisis y recomendaciones sobre las sanciones financieras internacionales.
- Amadeus Consultancy no realizará representación judicial sino que entregará informes y conceptos técnicos.
- El contrato prevé cuatro pagos de 2.500 millones de pesos cada uno, asociados a entregables como reuniones y evaluaciones.
- No se exigieron garantías a la empresa debido a que la ejecución será fuera del país.
- Las fechas para las actividades son estimativas y el tiempo no es factor esencial para la prestación del servicio.
- La supervisión está a cargo del secretario jurídico de la Presidencia, con respeto a la autonomía técnica del contratista.
La abogada Maryna Pogibko, propietaria de Amadeus Consultancy, y el abogado estadounidense Daniel Kovalik, quien aseguró defender a Petro sin cobrar honorarios, firmaron el contrato. Pogibko tiene antecedentes controversiales en Ucrania y obtuvo la ciudadanía británica tras emigrar.
La contratación ha generado inquietudes en organismos de control. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar para evaluar posibles irregularidades, aunque el proceso sigue en etapa inicial mientras el contrato continúa vigente.
Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, explicó que la asesoría es preventiva y no busca la defensa directa de ningún funcionario, y que se seleccionó a la firma por su experiencia acreditada sin proceso competitivo abierto.
Este caso ha puesto en el centro del debate la transparencia y los criterios para la contratación pública en temas delicados de política internacional y defensa jurídica, especialmente por la magnitud del contrato frente a las características de la empresa contratada.