Un operativo sin precedentes permitió evacuar a cuatro niños que resultaron heridos tras la activación de un campo minado en la vereda La Laguna, zona rural del municipio de Olaya Herrera, Nariño. El incidente ocurrió el domingo 19 de abril cuando los menores hicieron contacto con artefactos explosivos, que detonaron causando lesiones principalmente en sus extremidades inferiores.
Inicialmente, las tropas del Ejército Nacional realizaron un operativo aéreo para trasladar a los niños hacia un centro asistencial en Tumaco. Sin embargo, debido a la complejidad y gravedad de las heridas, tres de los menores fueron remitidos al Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali, para recibir atención médica especializada.
Estado de salud de los menores
Informes preliminares indican que tres de los niños presentan lesiones graves que podrían implicar amputaciones, mientras que el cuarto menor sufrió heridas de menor gravedad. Las autoridades mantienen estricta vigilancia médica sobre los pacientes, aunque aún no se ha emitido un parte médico oficial actualizado.
Responsabilidad y contexto del ataque
El Ejército Nacional atribuye la instalación del campo minado a la estructura 'Alfonso Cano', vinculada a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una disidencia surgida tras la ruptura de exguerrilleros con el acuerdo de paz de 2016. Esta facción mantiene presencia armada en la región, poniendo en riesgo a la población civil.
Las autoridades calificaron el hecho como una violación al Derecho Internacional Humanitario, al afectar directamente a menores de edad.
Persistencia de la amenaza de minas antipersonales en Colombia
La activación de minas antipersonales continúa siendo un problema grave en Colombia, especialmente en zonas rurales como Nariño, donde la presencia de grupos armados ilegales persiste. Según cifras oficiales, gran parte del territorio nacional permanece contaminado con estos explosivos, lo que representa un riesgo constante para las comunidades.
Este caso reabre el debate sobre la urgencia de intensificar las labores de desminado y fortalecer la protección de la población civil en áreas afectadas por el conflicto armado.