La estigmatización, las brechas en la atención y el diagnóstico tardío que enfrentan las personas afectadas por la lepra en Colombia siguen siendo barreras para erradicar la enfermedad y garantizar sus derechos, según advirtió la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por la lepra y sus familiares, Beatriz Miranda-Galarza.
Al cierre de su visita oficial al país, realizada entre el 2 y el 10 de junio, la experta aseguró que la lepra —también conocida como enfermedad de Hansen— no es únicamente un problema sanitario, sino una cuestión de derechos humanos que sigue afectando a miles de personas en condiciones de vulnerabilidad.
La lepra es un problema actual de derechos humanos y las personas afectadas demandan justicia, participación social y reconocimiento histórico.
Persisten los casos y los diagnósticos tardíos
Aunque reconoció los esfuerzos de las autoridades colombianas para fortalecer el diagnóstico, el tratamiento y la vigilancia epidemiológica, la experta advirtió que la transmisión de la enfermedad continúa en el país, incluso entre niños y niñas. Según explicó, muchas personas siguen recibiendo diagnósticos tardíos, lo que deriva en discapacidades evitables y profundiza situaciones de pobreza, estigmatización y discriminación.
Uno de los puntos que más preocupó a la enviada de Naciones Unidas fue la situación de las comunidades rurales y de zonas históricamente marginadas. "En muchas de estas regiones, las personas afectadas por la lepra siguen estando olvidadas", afirmó.
Añadió que muchos pacientes diagnosticados deben recorrer largas distancias para recibir tratamiento, enfrentan discriminación al buscar atención médica y encuentran dificultades para acceder al reconocimiento de discapacidad, servicios de rehabilitación y programas de protección social.
Impacto desproporcionado en grupos vulnerables
La relatora advirtió que la enfermedad impacta de manera desproporcionada a grupos que ya enfrentan múltiples formas de exclusión. Entre ellos a personas en situación de pobreza, pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, migrantes, mujeres, niños, personas mayores y comunidades afectadas por la violencia y el desplazamiento forzado.
No habrá eliminación de la lepra mientras persistan la desigualdad estructural, la discriminación y la exclusión. Poner fin a la transmisión requiere más que un tratamiento médico. Requiere liderazgo político, reconocimiento histórico y un firme compromiso con los derechos humanos.
Reconocimiento histórico y reparación
Miranda-Galarza instó al Estado colombiano a reconocer públicamente las violaciones históricas sufridas por las personas afectadas por la lepra y sus familias, entre ellas la segregación, la institucionalización forzada y décadas de exclusión social. Según indicó, ese reconocimiento debe estar acompañado de medidas de reparación y garantías de no repetición.
Como parte de sus conclusiones, la relatora pidió al Gobierno adoptar una respuesta integral basada en los derechos humanos, que incluya igualdad, accesibilidad, no discriminación, protección social, atención en salud mental, rehabilitación, educación pública y participación efectiva de las comunidades afectadas en la formulación de las políticas públicas.