El presidente Gustavo Petro reaccionó en la tarde de este miércoles a la suspensión por parte del Consejo de Estado del decreto con el que el Gobierno ordenó el traslado forzoso de EPS de más de seis millones de afiliados. A través de un trino, el mandatario rechazó la decisión del alto tribunal.
El Consejo de Estado aquí le hace grave daño a la salud, porque la salud preventiva se hace por circunscripción territorial y no puede hacerse por dispersión de afiliados. El primer pilar de un buen sistema de salud es la salud preventiva.
Los argumentos del Consejo de Estado
El Consejo de Estado señaló que el decreto 0182 de 2026 produciría una 'afectación relevante del derecho fundamental a la salud, en particular de la libre escogencia, y de los principios de accesibilidad, disponibilidad, calidad y continuidad del servicio'. Esta directriz, expedida el 25 de febrero pasado, modificaba el funcionamiento del aseguramiento en salud, priorizaba el enfoque territorial y ordenaba el traslado de 6,6 millones de usuarios, principalmente a EPS intervenidas como Nueva EPS.
Reacciones políticas encontradas
La representante a la Cámara por la Alianza Verde Katherine Miranda, quien demandó el decreto, celebró la decisión del alto tribunal. 'Logramos que el Consejo de Estado frenara el decreto con el que el Gobierno pretendía mover millones de usuarios a la Nueva EPS sin su consentimiento. Una EPS intervenida por el mismo Gobierno y que hoy enfrenta miles de quejas por demoras, falta de medicamentos y fallas en la atención', indicó.
También se pronunció la senadora del partido de la 'U', Norma Hurtado: 'La justicia frenó el Decreto 0182 —que pretendía trasladar a millones de personas a un modelo de salud estatal sin previo aviso— y con esto gana el sentido común. Nos hemos opuesto a permitir que 6.6 millones de colombianos fueran usados como fichas de un experimento, obligándolos a saltar a una Nueva EPS que hoy ni siquiera puede con sus propios usuarios'.
Antecedentes judiciales
Aunque el Tribunal de Cundinamarca, a través de un fallo en una acción popular, ya había dictado una medida cautelar de suspensión provisional, el Consejo de Estado se pronunció sobre su legalidad y advirtió que podría ser contrario a las normas vigentes.