El miedo y la zozobra se han apoderado de varios municipios del Tolima y Huila, donde grupos de las disidencias de las Farc siembran el terror con ataques con drones y explosivos lanzados contra estaciones de Policía y sedes de alcaldías.
Un operativo sin precedentes en la región
Las autoridades locales han solicitado con urgencia el apoyo del Gobierno Nacional mediante la implementación de batallones de Alta Montaña, con el fin de controlar a los grupos violentos que operan en la zona y que han encontrado en la extorsión y la minería ilegal su principal fuente de financiamiento.
El impacto en la comunidad
La población civil es la más afectada por esta escalada de violencia. Comerciantes, transportadores y habitantes de las zonas rurales viven bajo la presión constante de las disidencias, que exigen pagos extorsivos y controlan las rutas de acceso a los municipios.
- Ataques con drones contra bases militares y estaciones de policía.
- Explosivos activados contra sedes administrativas.
- Extorsiones a comerciantes y ganaderos.
- Control de la minería ilegal en zonas de difícil acceso.
La situación es crítica. Necesitamos presencia militar permanente y una estrategia integral que ataque las finanzas de estos grupos, o la violencia seguirá escalando.
Mientras tanto, la comunidad espera una respuesta contundente del Estado para recuperar la tranquilidad y frenar la expansión de estas estructuras armadas que amenazan la estabilidad de la región.